El exfiscal Luis Eduardo Montealegre radicó una demanda ante la Corte Constitucional con el propósito de lograr la exequibilidad condicionada de la expresión “acuerdo”, contenida en el acuerdo general para la terminación del conflicto entre las Farc y el Gobierno. Según la acción, los arreglos temáticos alcanzados entre las partes y la negociación final son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario y, por esa razón, hacen parte del bloque de constitucionalidad; además, deben entenderse como acuerdos especiales en virtud del artículo 3º  común de los Convenios de Ginebra. Razón por la cual enfatiza que los acuerdos alcanzados en La Habana, al tener acuerdos especiales, imponen que la única interpretación posible de la expresión demandada sea  la que hace referencia no a una norma con fuerza de acto administrativo o de ley, sino a un acuerdo especial, norma que por desarrollar obligaciones del DIH hace parte del bloque de constitucionalidad y, por ende, de la Carta Política de 1991.