Teniendo en cuenta varias denuncias ciudadanas y el reciente debate realizado en el Concejo de Bogotá acerca de las llamadas “batidas ilegales” o retención de ciudadanos que son trasladados a distritos militares para definir su situación, el alcalde Gustavo Petro calificó el hecho como un secuestro simple e indicó que es necesario detener al funcionario que comete el delito. Por su parte, el secretario de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, señaló que las principales víctimas del abuso hacen parte de la población pobre y vulnerable, por lo que solicitó al Gobierno Nacional transformar el servicio militar obligatorio en servicio voluntario, para que los jóvenes humildes del país lo presten en actividades ecológicas, de alfabetismo o sociales, que impacten mucho más en la sociedad. Por último, Gabriel Rondón, coordinador de gestores de convivencia, denunció que en muchos casos los vehículos de traslado provienen de otras regiones del país y llegan a las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, especialmente, retienen los documentos de identidad y suben a los ciudadanos a la fuerza.