La Sección Primera del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 2235 del 2012, que reglamenta el artículo 6° de la Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 del 2011, sobre el uso de maquinaria pesada en actividades mineras sin autorización legal. Según el demandante, la norma no cumple con los requisitos previstos en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, infringe la Ley 1333 del 2009, el debido proceso y la propiedad privada (artículo 29 y 58 de la Constitución), entre otros (C. P. Guillermo Vargas Ayala).