Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 2024 del 2020 (Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación). En síntesis, el demandante sostiene que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que vulnera el derecho a la igualdad consagrado en los artículos 13 y 333 de la Constitución, por no incluir en los supuestos de la norma el evento en que las Mipymes son deudoras de las grandes empresas, siendo entonces una norma incompleta y alejada del marco constitucional.

El accionante solicita a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad condicionada del artículo para entenderse que también se encuentran exentos de la aplicación en tales plazos los casos en los cuales las grandes empresas actúen como acreedoras de las Mipymes y pretendan otorgar términos más favorables para el pago de las obligaciones derivadas de sus operaciones mercantiles (Demandante: Pedro Luis Lizcano Amézquita).