Ordenan diagnóstico sobre personas privadas de la libertad con discapacidad sicosocial

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno elaborar un diagnóstico integral sobre la situación de las personas con discapacidad sicosocial en el sistema penal, penitenciario y carcelario, así como el diseño de una política pública que corrija los problemas que han sido identificados en esa materia. Estos documentos deben ser ampliamente socializados en plataformas oficiales y en medios accesibles, asegurando que los resultados estén disponibles en formatos comprensibles e inclusivos.

Y es que, en concepto del alto tribunal, existe una vulneración estructural de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad sicosocial privadas de la libertad como consecuencia de una inadecuada respuesta institucional para garantizar el acceso digno, continuo y respetuoso a los servicios de salud mental que cumplan estándares constitucionales e internacionales.

En el caso bajo análisis, la Sala Plena indicó que si bien la accionante recibió atención en las especialidades de sicología, siquiatría y medicina general, el Inpec vulneró sus derechos al omitir adelantar las gestiones necesarias para trasladarla a un lugar donde se le garanticen servicios de salud mental adecuados, conforme a la orden emitida por la jueza de control de garantías.

Por lo tanto, se ordenó a esta entidad que, dentro de los seis meses siguientes a la publicación del fallo, traslade a las personas privadas de la libertad en situación de discapacidad psicosocial a quienes un juez les haya sustituido la medida de aseguramiento o la pena privativa de la libertad en establecimiento especializado de salud mental, previo dictamen médico, al lugar donde debe cumplirse la medida, donde se debe garantizar el acceso bajo un enfoque de derechos humanos.

Se exhortó a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario y demás entidades interesadas a incluir en sus informes a la sala de seguimiento un acápite sobre los hallazgos en el cumplimiento efectivo a las nuevas órdenes y, así mismo, se exhortó al Congreso a expedir leyes para armonizar la política penitenciaria y carcelaria con la concepción social y de derechos humanos de la discapacidad (M. P. Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger).

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Paute en Ámbito Jurídico. 

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