Amparan derechos de campesinos a quienes incumplieron con programa de sustitución de cultivos ilícitos

La Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso, participación, mínimo vital y alimentación de 942 núcleos familiares campesinos cultivadores, no cultivadores y recolectores de cultivos, al considerar que el Gobierno Nacional incumplió los compromisos pactados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el municipio de Miraflores (Guaviare).

De acuerdo con los accionantes, se presentaron incumplimientos en la fase de vinculación al programa y la fase de implementación del Programa de Atención Integral (PAI). Así mismo, denunciaron violaciones a los derechos de las accionantes en trámites de ingreso, suspensión y retiro.

Para la Sala, el Gobierno no respetó la regla de jerarquía y secuencialidad en los medios de erradicación de cultivos de uso ilícito, negó injustificadamente la inclusión de algunas familias al PNIS, a pesar de expresar su voluntad de sustituir en lugar de resembrar, y no proporcionó copias de los formularios individuales de vinculación a las familias inscritas. Según lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz y el Acuerdo Colectivo de Sustitución, el objetivo del PAI era asegurar que las comunidades que optaran por la sustitución sin resembrar tuvieran acceso a recursos y proyectos.

El alto tribunal le ordenó al Gobierno que, con el acompañamiento del Ministerio Público y el Departamento Nacional de Planeación, así como con la participación de los accionantes, Asojuntas, la Comisión Municipal de Planeación Participativa y el Consejo Municipal de Evaluación y Seguimiento de Miraflores, identifique las familias que quisieron sumarse al PNIS pero que no pudieron hacerlo sin que mediara su culpa o un hecho que les fuera imputable.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), con supervisión del Ministerio Público, deberá coordinar la entrega de las copias de los formularios de vinculación individual a cada familia del municipio de Miraflores que los suscribió y asegurar la protección del derecho de hábeas data de las personas firmantes, por lo que no podrá entregar copias a quienes no sean titulares de la información incorporada en cada documento (M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera).

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