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Columnista


Nuevas circunscripciones territoriales para la Cámara

17 de Agosto de 2017

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Jaime Castro

Exministro y exalcalde de Bogotá

jcastro@cable.net.co

 

La implementación del Acuerdo Final, o sea la conversión en obligatorios textos jurídicos de las 310 páginas de dicho documento, se ha vuelto el talón de Aquiles del proceso en curso, porque a medida que se conocen las reformas constitucionales y las leyes, expedidas por el Congreso, vía fast track, y los decretos-leyes dictados por el presidente Santos, gracias a la ley habilitante que le autorizó hacerlo, la opinión tiene información más completa sobre lo que efectivamente se negoció en La Habana y cuáles serán sus consecuencias para la vida social, económica y político-institucional del país. Por ello, el proceso hoy es más impopular que en octubre pasado, cuando se votó el plebiscito y el tema hará parte de las votaciones del año entrante, tanto para Congreso como para la Presidencia.

 

Como todavía no hay versión oficial ni privada de las conversaciones celebradas en Cuba, nadie sabe qué delegación presentó determinadas propuestas ni por qué motivos se aprobaron, por lo cual todos desconocemos por qué decidieron aumentar en 26 el número actual de curules en el Congreso, que cuestan, cada una, 100 millones de pesos mensualmente. 

 

El partido que crean las Farc elegirá como mínimo cinco senadores y cinco representantes, aunque no tenga derecho a ellas, porque los votos que sus amigos y partidarios depositen en las urnas no logren reunir el número necesario para ser cociente electoral o cifra repartidora, según el caso (A. L. 3/14). Llama la atención que las Farc participaron, en desarrollo de otro proceso de paz, en las elecciones parlamentarias de 1986 y eligieron 17 congresistas, algunos de ellos en alianza con otros sectores políticos. Iván Márquez fue elegido por el Caquetá a la Cámara, se posesionó y desempeñó como tal. ¿Por qué ahora piden menos curules que las que entonces ganaron, sin contar con las ventajas que les concedió el dr. De La Calle? ¿No confían, acaso, en el respaldo popular que puedan tener sus listas?

 

A esas 10 nuevas curules deben sumarse las 16, también nuevas, para la Cámara de Representantes, que serán provistas en las 16 circunscripciones especiales y atípicas que se crean en el Acuerdo y que está aprobando el Congreso. Todas nuestras circunscripciones para la Cámara son departamentales, solo comprenden el territorio de un departamento y el del Distrito Capital, que es tratado como departamento para estos efectos. Pero para el caso que se comenta, la regla anterior se cambia: las nuevas 16 circunscripciones son infra o supradepartamentales, algunas pueden comprender municipios de uno, dos o tres departamentos. De ellas puede hacer parte la zona rural, no la urbana de un municipio. Hay departamentos que aportan municipios suyos a una, dos o tres circunscripciones. Los territorios que las conforman se definieron teniendo en cuenta que se trata “de zonas especialmente afectadas por el conflicto” y cuyos límites se trazaron por “la presencia en ellos de cultivos lícitos (coca) y otras economías ilegítimas (minería), así como “el grado de afectación derivado del conflicto y sus niveles de pobreza”. Por eso no obedecen a criterios uniformes y sus límites son caprichosos.

 

La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que conforman Farc y Gobierno y que hace seguimiento y control al cumplimiento del Acuerdo, por lo cual ejerce una especie de cogobierno, pues el Ejecutivo no puede tomar determinadas decisiones sin su visto bueno, fue la que definió y delimitó las nuevas circunscripciones, por lo cual se puede afirmar que se crearon con fines político-electorales para el partido de las Farc y sus aliados.

 

Ingenuamente la norma dispone que ningún partido, incluyendo el que creen las Farc, podrá presentar candidatos a la elección de los 16 nuevos representantes. Solo podrán hacerlo grupos significativos de ciudadanos y organizaciones sociales. La propuesta es comparable con la venta del sofá, porque los partidos que tengan capacidad de convocatoria y las Farc que los controlaron, durante mucho tiempo, pedirán a sus amigos en esos territorios que inscriban candidatos con el aval del grupo ciudadano o comunitario que organicen para esos efectos. Como se trata de áreas en las que hay cultivos de uso ilícito y otras economías ilegitimas, los “ecoempresarios” de esas actividades financiarán costosas campañas y presionarán, físicamente si fuere necesario, la elección de sus patrocinados, pues son comunidades pobres y áreas en las que ninguna autoridad, por la “debilidad institucional” que prevalece, podrá garantizar transparencia del proceso. 

 

Las circunscripciones citadas no arreglarán en nada las graves situaciones que viven por el hecho de que puedan “elegir”, cada una y durante ocho años, un representante a la Cámara, cuya gestión no cambiará la situación social y económica de sus electores. Por el contrario, en varios casos, estarán bien representados los intereses de los cultivadores de coca y los responsables de la minería ilegal. La presencia en el Congreso de estos nuevos representantes puede complicar y dificultar las tareas de las autoridades encargadas de controlar y sancionar estas actividades. Además, los ciudadanos que eligieron estos congresistas gozarán de privilegio que no tiene ningún otro colombiano. Podrán votar dos veces: para la Cámara, por el departamento del que hace parte su municipio, y para la Cámara, por la lista de la circunscripción especial. 

 

Téngase en cuenta también que el voto disciplinado de 16 representantes en la Cámara puede decidir la suerte de varias iniciativas y proyectos.

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