Un nuevo intento para regular los criptoactivos en Colombia

Juan Camilo Pryor
Consultor en regulación financiera y ‘fintech’

Actualmente, cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 510C de 2025, cuyo objetivo es regular las actividades relacionadas con los criptoactivos en el país. La iniciativa, presentada por los congresistas Julián López y Gustavo Moreno, retoma un tema que ya había sido abordado en un proyecto anterior, el cual logró aprobación unánime en sus primeros tres debates hace algunos años.

Este nuevo proyecto, que cuenta con cierto grado de consenso dentro de la industria fintech, representa un avance significativo al buscar dotar de formalidad al ecosistema de criptoactivos. Entre sus principales objetivos se encuentran la alineación con estándares internacionales, el establecimiento de reglas mínimas de protección al consumidor y la promoción de la investigación y desarrollo de la tecnología blockchain en las regiones. Este último aspecto es particularmente relevante, ya que fomenta una estrategia descentralizada que permite a los municipios y entidades territoriales implementar proyectos adaptados a sus necesidades, lo que podría posicionar a Colombia como un referente en innovación tecnológica en la región.

Contexto regulatorio y antecedentes

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anunció a finales de 2023 que el Gobierno Nacional consideraba la posibilidad de clasificar a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como entidades financieras. Esta propuesta representaba un cambio significativo en la doctrina mantenida durante casi una década por la SFC y el Banco de la República, que históricamente habían sostenido que los criptoactivos no constituían productos ni servicios financieros. Sin embargo, el Gobierno finalmente optó por no presentar dicho proyecto, lo que reforzó la posición tradicional de estas entidades y brindó mayor claridad sobre la naturaleza jurídica de los activos virtuales.

Necesidad de claridad regulatoria

En Colombia, más de 5,5 millones de personas utilizan activos virtuales de manera habitual en sus transacciones, lo que hace imperativo establecer reglas claras en este ámbito. Este enfoque se alinea con las regulaciones adoptadas por la Unión Europea y países de la región como Argentina, Brasil y México. Por ejemplo, Japón fue uno de los primeros países en reconocer los criptoactivos como medio de pago, mientras que Brasil los asimiló a medios de pago tradicionales, aplicándoles la misma carga regulatoria que a las empresas que operan con moneda de curso legal. El Proyecto de Ley 510C/2025 busca aproximarse a estas experiencias internacionales, sin restar facultades al Gobierno Nacional ni a la SFC para intervenir en casos en los que se identifique el uso de criptoactivos para captar recursos del público de manera irregular.

Innovaciones del proyecto

Una de las principales innovaciones del proyecto es la adopción de la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de activos virtuales. Esta recomendación establece la necesidad de regular a los PSAV para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En este sentido, el proyecto propone la creación de un registro centralizado de proveedores de servicios de activos virtuales, similar al que existe para operadores de libranza o factoring, el cual estaría a cargo de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades).

Si bien la idea de un registro centralizado podría generar preocupación, especialmente al provenir de una entidad enfocada en la prevención del lavado de activos, es importante destacar que, según estudios de Naciones Unidas, el lavado de activos a nivel global se estima en 2 billones de dólares anuales en todos los sectores de la economía, mientras que en el ámbito de los criptoactivos esta cifra no supera el 10 %. A pesar de su relativa baja incidencia, es fundamental dotar a las autoridades de herramientas efectivas para prevenir este delito.

Protección al consumidor y desafíos regulatorios

La creación de un registro centralizado no solo fortalece la lucha contra el lavado de activos, sino que también brinda a los consumidores mayor protección frente a actores inescrupulosos que ofrecen inversiones en criptoactivos sin transparencia sobre su identidad o presencia en el país. En este sentido, el proyecto establece una serie de obligaciones para los PSAV, incluyendo la implementación de medidas de control para prevenir el lavado de activos, la protección de datos personales y la divulgación clara de los riesgos asociados con los activos virtuales.

No obstante, una de las críticas más recurrentes al proyecto es la amplitud de la definición de PSAV, basada en los lineamientos del GAFI y ya incorporada en el marco normativo de la Supersociedades y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Esta definición podría abarcar a personas que realizan transacciones de alto volumen con criptoactivos, pero que no ofrecen servicios al público, lo que generaría una carga regulatoria innecesaria. Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que esta definición es un estándar global difícil de eludir, dada la necesidad de cooperación internacional en la prevención del lavado de activos.

Aspectos tributarios y estabilidad normativa

El proyecto también aborda una problemática actualmente en estudio por el Consejo de Estado, relacionada con un concepto emitido por la Dian que impone una carga tributaria excesiva sobre los criptoactivos utilizados como medio de pago. En este sentido, el proyecto establece que las operaciones con stablecoins (activos virtuales respaldados por monedas de curso legal o divisas) deben tratarse fiscalmente de la misma manera que el activo que las respalda, evitando así arbitrajes normativos y abusos tributarios.

El Proyecto de Ley 510C/2025 representa un avance significativo en la consolidación de un marco normativo claro y seguro para los criptoactivos en Colombia. A través de un enfoque equilibrado, busca promover la innovación y la protección al consumidor sin generar barreras innecesarias para el desarrollo del sector. Su aprobación podría sentar las bases para un ecosistema de criptoactivos más transparente, seguro y alineado con los estándares internacionales, lo que beneficiaría tanto a los usuarios como a la industria en general.   

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