El sonado impuesto de timbre

Ricardo Mayo Córdoba
Contador y abogado
Especialista en Derecho Tributario y en Derecho Laboral

En el presente artículo, abordaremos algunas consideraciones generales sobre el impuesto de timbre, un tributo que, aunque muy sonado y ampliamente debatido hoy, tiene una larga trayectoria en nuestro ordenamiento jurídico.

Las observaciones que haremos se centran en algunos aspectos fundamentales de sus elementos esenciales.

Comenzamos con su sujeción activa, la cual recae en la Nación; sin embargo, en este caso particular, la tarifa transitoria y, en consecuencia, los recursos recaudados tienen una destinación específica: mitigar los efectos de la situación de El Catatumbo.

Al analizar los sujetos pasivos del impuesto de timbre, encontramos que los contribuyentes son las personas naturales comerciantes que superen ciertos topes, las personas jurídicas y sus asimilados, así como las entidades públicas que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en documentos que constituyan, ratifiquen, modifiquen, extingan, prorroguen o cedan una o varias obligaciones cuyo valor supere las 6.000 UVT.

Una primera consideración importante es que los sujetos pasivos están limitados a personas naturales, jurídicas y entidades públicas, lo que excluye a los contratos de colaboración, como los consorcios y las uniones temporales, ya que estos no tienen personalidad jurídica propia y, por ende, no pueden ser sujetos pasivos del tributo.

Adicionalmente, la normativa establece que los sujetos pasivos son los otorgantes de los documentos gravados, sin especificar si la obligación recae exclusivamente sobre compradores o vendedores, contratantes o contratistas, u otros intervinientes en la transacción. En nuestra opinión, esta falta de distinción implica que la carga económica del impuesto debe ser asumida de manera compartida por ambas partes involucradas en el acto gravado.

En la práctica, es común encontrar documentos en los que la carga tributaria del impuesto de timbre se traslada a una de las partes; sin embargo, conforme al artículo 553 del Estatuto Tributario, no existe plena claridad sobre la validez de esta transferencia.

En cuanto a los responsables del impuesto, es decir, aquellos obligados a recaudarlo y trasladarlo al Estado, estos están definidos en el artículo 1.4.1.2.1 y siguientes del Decreto Único Reglamentario (DUR) en materia tributaria.

El hecho generador del impuesto es el otorgamiento de documentos públicos o privados, incluidos los títulos valores —con excepción, entre otros, de la factura, según lo dispuesto en el artículo 530 del Estatuto Tributario— que en su contenido constituyan, ratifiquen, modifiquen, extingan, prorroguen o cedan una o varias obligaciones cuyo valor supere las 6.000 UVT, siempre que dichos documentos se otorguen, acepten, ejecuten o generen obligaciones dentro del territorio nacional.

Para determinar su cuantía, base gravable y momento de causación es fundamental analizar si los documentos públicos o privados contienen obligaciones de ejecución sucesiva, de duración indefinida o ejecución instantánea, y si los mismos establecen o no una cuantía determinada. Para todos los efectos, es importante revisar el artículo 522 del Estatuto Tributario.

Si se trata de documentos con cuantía determinada y de ejecución instantánea, la cuantía corresponderá al valor pactado, que, a su vez, será la base gravable. El momento de causación del impuesto será la suscripción del contrato, lo que, en principio, excluye del pago a todos aquellos documentos firmados antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa del impuesto.

En cambio, si se trata de un documento de cuantía indeterminada y/o determinada, pero de ejecución sucesiva o de duración indefinida, el tema se vuelve más complejo. Como regla general, la cuantía se determina conforme el artículo 522 del Estatuto Tributario y será el valor de los pagos periodos o pagos durante el año según corresponda; en consecuencia, la base gravable es este valor, pero el momento de causación será el de cada uno de los pagos u abonos en cuenta que se haga sobre el documento, a la tarifa vigente en ese momento.

Por ejemplo, los documentos firmados en 2024 o en años anteriores podrían estar sujetos al pago del impuesto de timbre si contienen obligaciones de ejecución sucesiva o de duración indefinida. Esto se debe a que, desde su firma —y conforme a lo establecido en el artículo 522 del Estatuto Tributario para la determinación de la cuantía—, dichos documentos han estado gravados con el impuesto, siempre que la cuantía superará las 6.000 UVT. No obstante, hasta la entrada en vigencia del Decreto 0175 de 2025, la tarifa aplicable era del 0 %, mientras que ahora es del 1 %.

Del mismo modo, los documentos firmados durante la vigencia del Decreto 0175 de 2025, cuya cuantía supere las 6.000 UVT y que correspondan a contratos de ejecución sucesiva o de duración indefinida, podrían terminar pagando el impuesto de timbre con una tarifa del 0 %. Esto ocurriría, por ejemplo, si los pagos o abonos en cuenta se realizan en 2026.

En cuanto a la tarifa, esta es del 1 % o 0 %, dependiendo del análisis que se realice sobre el hecho generador y el momento de causación. Como hemos señalado, existen contratos firmados en 2024 y años anteriores que, debido a su naturaleza, terminarán sujetos al pago del impuesto de timbre.

En todo caso estamos atento a las precisiones que sobre el particular haga la administración tributaria, pues desde el 2010, momento en que su tarifa bajo a 0, hemos –incluida la administración– dejado de lado análisis de este tributo.

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