De majaderías y oportunidades
JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA
Abogado y asesor tributario
Desde el mes de julio del año anterior se evidenciaba la necesidad de plantearle al país un proyecto de reforma tributaria y fiscal que permitiera acometer los programas de mitigación de los efectos económicos de la pandemia que, aunque en distintas magnitudes, eran claramente previsibles en ese entonces.
Para la época, y preguntado por la prensa, el funcionario responsable sostuvo que sería una “tochada” proponer en ese momento alguna propuesta de ajuste, que claramente era necesaria y permitiría ajustar elementos estructurales del régimen tributario, para hacerlo más equitativo y progresivo lo que, naturalmente, es un imperativo de nuestro sistema.
Casi nueve meses después de la descalificación de la propuesta de ajuste tributario, y de manera inoportuna y mal planteada, presenta el Gobierno un proyecto de reforma que, sin duda, fue una verdadera “tochada” por la oportunidad, el alcance y la preparación de la sociedad para una reforma de esas dimensiones.
Es cierto que el proyecto tenía claros elementos que ajustarían inequidades y promoverían algo más de progresividad del sistema, pero también lo es que fue indebidamente explicado, mal socializado y perversamente presentado, pues desde finales del año anterior soltaban globos sobre ajustes que propondrían, que evidentemente generaban inquietud, desasosiego y rabia entre los contribuyentes y ciudadanos en general.
Plantear IVA para productos que de manera alguna generarían ingresos importantes, en épocas de crisis económica, en nada aporta al recaudo, que es lo que se requiere en estas circunstancias, y sí exacerba los ánimos de quienes se veían pagando impuestos por comprar cilantro.
Al final, los anuncios apocalípticos del viceministro de la época fueron desestimados en el proyecto presentado, pero ya la ciudadanía estaba preparada para oponerse a cualquier iniciativa de ajuste tributario, máxime si se centraba en recaudo, y fundamentalmente a cargo de los empleados de ingresos medios, pues los de ingresos altos tienen ya muy poca posibilidad de incremento, ya que tributan a tarifas de casi el 40 % solo en renta, sin considerar otras cargas por distintos tributos. Al final, no explicó el Gobierno la fuente de los casi 30 billones de pesos de ingresos esperados, de los cuales cinco terminarían en los entes territoriales, pues solo se indicaba genéricamente que las personas naturales aportarían 17 billones, que nadie sabía de dónde iban a salir.
Pocas cosas producen efectos más nocivos para el sistema democrático que el retiro de proyectos sin oportunidad de discusión, en temas técnicos, como consecuencia de movilizaciones propias de un estado de opinión, que tanto criticamos en su momento, en las calles, sin siquiera haber leído el proyecto, y sin haber hecho un análisis de las medidas propuestas.
Si bien es cierto que las propuestas podían tener graves falencias por el desconocimiento de la realidad económica que se ve en las calles y no siempre en los despachos oficiales, también lo es que se trataba de una propuesta para ser discutida, ajustada y mejorada, o definitivamente negada por el órgano del poder a quien corresponde hacerlo, conforme a la Constitución Política.
Las consecuencias de un inoportuno proyecto de ajuste fiscal y tributario muy mal socializado, sin la menor sensibilidad sobre la situación del país, cargado de arrogancias y falsas sabidurías no fue más que la chispa que disparó una estrategia mal intencionada y aparentemente planificada para desestabilizar el país, lo que naturalmente resultará más costoso que los efectos de la demora en la presentación del ajuste fiscal, que debió ser presentado y discutido el año anterior.
Al final, resultó ser una gran majadería la inoportuna presentación de un proyecto que, antes que ajustes en búsqueda de la consolidación de una estructura para la equidad, se convirtió en la gran “tochada” que anunció el Ministro de Hacienda hace casi nueve meses, pero con graves consecuencias incluso para la estabilidad política y la defensa de la democracia, que se convierte hoy en un imperativo que se sobrepone a cualquier ajuste tributario, por necesario que sea.
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