¿Justicia virtual o presencial?: un momento para estar a la altura de la historia

Francisco Bernate Ochoa

Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia

En días pasados, el Ministro de Justicia dio a conocer la postura del Gobierno Nacional respecto de mantener o no la justicia en la virtualidad. Dos puntos de vista nos dejaron estupefactos. El primero, hay que abrir los juzgados, porque la gente necesita hablar con el juez. El segundo, la virtualidad se implementaría, pero para los procesos arbitrales. Es decir, la presencialidad se justificaría por una situación que está expresamente prohibida, como es el contacto parte-juez, y el anhelo del ministro es que tengamos una justicia –la arbitral– tipo clase ejecutiva, con virtualidad y oralidad, y una justicia tipo clase económica: presencial, escrita y paquidérmica. El que quiera justicia pronta y eficaz que la pague. Así de sencillo.

La virtualidad en la justicia es un anhelo que parte desde la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, hace 25 años, y que nunca se materializó hasta la pandemia del covid-19, cuando hicimos de la necesidad virtud y hoy tenemos la mejor justicia que haya operado entre nosotros. Miremos las ventajas de la justicia virtual.

- Eficiencia. Esto significa mejor rendimiento a menores costos. Hoy, no hay gastos en papelería, servicios públicos, tiquetes, desplazamientos, fotocopias, elaboración de traslados en papelería, mantenimiento permanente de sedes judiciales. A cambio de esto, las audiencias ahora comienzan a tiempo, no se aplazan, cada juzgado tiene su sala de audiencias, no hay gastos en tiquetes, hoteles, viáticos, papelería, mantenimiento, entre otros. Es decir, mejor justicia a menos costo, eso se llama eficiencia.

- Control ciudadano a las decisiones judiciales. Más de 8.000 personas han llegado a ver en directo audiencias en casos de connotación judicial. Allí han podido entender cómo funciona el sistema nacional de justicia, y formularse su propia opinión sobre lo que sucede en los estrados judiciales. El control ciudadano de lo que sucede en los juzgados no solo tiene un efecto de auditoría sobre las decisiones que se toman, sino también logra una pedagogía de la forma en que opera la justicia.

- Mejor empleo del tiempo. Fiscales, procuradores, jueces, abogados pasan largas horas de la semana desplazándose al lugar de trabajo, o en viajes entre ciudades y esperando al inicio de las salas. Todo ello se acabó con la virtualidad, y hoy tenemos un uso eficiente del tiempo.

- Dignidad y calidad de vida de funcionarios y abogados. La virtualidad permite compaginar la vida familiar con el trabajo. Hoy, magistrados que provienen de ciudades diferentes a aquella en que laboran pueden despachar con sus familias, en su ciudad de origen. Quienes actuamos con el sistema judicial podemos ver a nuestros hijos, acompañarlos en sus actividades escolares y fortalecer la vida doméstica.

Seguramente, hay dificultades, como la cobertura digital en nuestro país, frente a lo cual hay que decir que tenemos tan malas autopistas digitales como las de asfalto, de manera que este sería un desafío para un Gobierno que prometió una justicia digital, ágil y cercana al ciudadano, y que clama por el ahorro de recursos en asuntos como viáticos y desplazamientos innecesarios. Hay una oportunidad de mejora en la atención al ciudadano en punto de la pronta respuesta a las solicitudes, y, el aspecto más criticado, es que en los eventos de práctica de pruebas se hace necesaria la presencialidad para “poder apreciar al testigo”.

Considero que la historia nos dará la razón a quienes pensamos que la virtualidad llegó para quedarse, y que puede darse la posibilidad a los sujetos procesales de acudir al despacho, cuando lo consideren, pero ello no ha de ser obligatorio.