La Ley del Talión

Whanda Fernández León Profesora especial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

Ojo por ojo y el mundo quedará ciego.

Mahatma Gandhi

El rotundo fracaso del proyecto oral, adversarial y acusatorio; la consiguiente crisis de la justicia penal; la desordenada e incoherente legislación vigente; la desconcertante inseguridad jurídica; la condena de inocentes o su imputación por sospechas difusas; la inexplicable libertad de peligrosos malhechores y la impunidad frente a delitos aberrantes; en una palabra, la insatisfacción generalizada por la forma en que hoy se imparte la justicia criminal en nuestro país, ha permitido que en diversos ámbitos surjan voces desesperadas clamando por la transformación radical del peculiar paradigma instituido, caracterizado por ser farragoso, intrincado, imprevisible, mezcla impura de lo más defectuoso de las leyes 600/00 y 906/04.

Con indignación y miedo, vastos sectores de la sociedad exigen, asimismo, que se retroceda a esas deplorables épocas de las penas inhumanas y extremas: que se corte la mano a los falsarios, los dedos a los perjuros, el pie a los ladrones; se mutile la nariz a las adúlteras para que su deformidad las aleje de los hombres; se rocíen sustancias corrosivas sobre el rostro de los agresores; se les arranque la lengua a los blasfemos y los ojos a los lujuriosos, es decir, que se regrese a las penas perpetuas e indelebles que marcaban al victimario y lo estigmatizaban para que padeciera, de por vida, el mismo dolor que infligió al ofendido.

En la aciaga historia del derecho punitivo, esa doctrina de origen ancestral se remonta a la legislación hebrea, donde aparece con el nombre de Ley del Talión, de cuyo talante vindicativo no deja duda la siguiente fórmula bíblica: “No tendrás compasión: cobrarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión”.

¿En el marco de una concepción moderna de justicia, esta sentencia secular de esencia retributiva resultará útil para disminuir las tasas de criminalidad y evitar la recaída en el delito? ¿O, por tratarse de una respuesta revanchista que solo busca transferir el sufrimiento recibido, propiciará reacciones inconcebibles al interior de la colectividad?

Desde las sabias y justas críticas a “la fría atrocidad de las penas”, Hobbes, Montesquieu, Rosseau, Diderot, d´Alembert, Voltaire y el marqués de Bonnesana César de Becaría, entre otros insignes pensadores liberales, ilustraron en el sentido de que el Derecho Penal no es una herramienta de venganza; que la irracionalidad del castigo nada tiene que ver con el concepto de justicia y que es un deber ineludible del Estado prevenir la crueldad de algunas reacciones humanas.

En el actual estado de la ciencia criminal, la idea de justicia conlleva el acto lícito de imponer condena a quien ha sido hallado responsable de un delito que ultraja a la comunidad y aumenta en los ciudadanos la sensación de peligro. No obstante, la legitimidad de la pena dimana de que esta sea esencialmente pública, necesaria, efectiva, pronta, proporcionada, fruto de la ecuanimidad del juez y de la transparencia del proceso.

De otra parte, la pena ha de cumplir funciones de reinserción social y protección del condenado, en razón de que, además de intimidar y disuadir, la enmienda del culpable debe erigirse en la aspiración principal de la función represiva.

El Estado no puede arrogarse el papel de verdugo, ni el Poder Judicial dejar de hacer justicia, para ajusticiar.

El Derecho Penal no es el sustituto de la venganza, ni el proceso un instrumento de escarmiento para el infractor.

La justicia es una virtud y sus decisiones pacificadoras deben contribuir a erradicar la lógica del odio, mitigar la ira enfermiza y aplacar la sed de venganza.

El Talión no es una alternativa civilizada y muchísimo menos, una solución ética.