La reforma a la justicia no da espera

José Miguel De La Calle

Socio de Garrigues

A veces no se alcanza a dimensionar el alto impacto que una reforma del sistema de justicia en Colombia puede traer para toda la sociedad y para la economía nacional. Si se mira con cuidado, la justicia tiene que ver con casi todos los asuntos trascendentales de la nación y, por ello, si algún día encontráramos la varita mágica que nos diera una justicia eficiente y confiable, serían muchas las cosas positivas que vendrían para todos los colombianos. La justicia no es solo un problema de la justicia, también es un factor de crecimiento económico. La justicia no solo sirve para hacer valer los derechos, lo cual ya es bastante, sino que, además, genera bienestar y riqueza. Cuando las personas y las empresas saben que tienen a la mano un sistema de jueces adecuado y respetable, se arriesgan con mayor facilidad y arrojo a hacer negocios y a emprender proyectos. La justicia es la piedra angular del concepto moderno de nación y sociedad, y su valor máximo intangible está en la idea misma de justicia, en la conciencia colectiva de que a ella podemos acudir cuando la necesitemos. La buena justicia está en el sentimiento de seguridad y tranquilidad constante que nos ayuda a enfrentar los riesgos de vivir en sociedad. La idea colectiva de una justa y buena justicia, representada en la figura del juez independiente que se basa en un sistema jurídico sólido y predecible, es el conducto regular para consolidar la paz y conducir al país hacia un desarrollo sostenible y duradero.

Una reforma estructural del sistema judicial es determinante y definitiva para darle un salto cualitativo a esta sociedad que está enfrascada en un remolino inane de polarización y que podría estar dejando pasar la oportunidad histórica de convertir la paz en un trampolín hacia el futuro.

Los problemas más profundos de Colombia no son solucionables de verdad y a fondo, sin arreglar primero el sistema judicial. Necesitamos justicia electoral para erradicar la corrupción de la política y para ello no basta una reforma electoral. Sin justicia fuerte e independiente, no lograremos sacarnos de encima el karma del narcotráfico. El agudo problema de tierras (tenencia, propiedad y aprovechamiento sostenible) que atraviesa toda nuestra geografía resulta imposible de resolver, si no le damos un vuelco de raíz a la justicia civil y agraria. Para hacer que el sector empresarial sea competitivo a nivel mundial, es indispensable revolucionar la justicia comercial para que hacer valer un contrato por vía judicial no sea el martirio que hoy es, y así aumentar el interés de los inversionistas y reducir los costos de transacción. La gigantesca brecha social, la que hace que nuestro país sea considerado uno de los más desiguales del mundo, puede ser eficazmente reducida con una reforma judicial que disminuya las barreras de entrada y facilite el acceso al sistema a los segmentos más vulnerables de la población.

Algunos han propuesto una constituyente, pero hoy ese camino es inviable, porque requeriría un consenso entre las fuerzas políticas del país, lo cual es impracticable en medio de esta polarización. Sería preferible encontrar un camino que nazca desde la propia ciudadanía, que le dé fuerza y legitimidad a la propuesta. Para ello, primero es necesario encontrar los liderazgos apropiados que ayuden a sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia de esta reforma. Una vez creado el interés ciudadano, hay que proceder con pies de plomo a ejecutar el mejor camino, sin cometer el error de excluir al Congreso, a los empresarios o a la propia Rama Judicial. Ya en su momento se vería si la manera de enlazar la fuerza ciudadana con el sentir de los usuarios y el criterio técnico de legisladores y jueces es a través de una consulta popular de origen ciudadano, un referendo o una iniciativa legislativa.