Anotaciones a una interpretación incorrecta

Diego Eduardo López Medina

Columnista y docente universitario

diegolopezmedina@hotmail.com

 

En su columna Atentos, la operación ya está en marcha (ed. 545 de ÁMBITO JURÍDICO), Javier Tamayo Jaramillo propone un argumento enredado que reconstruyo para poder entender de qué voy a hablar en esta página. Luego le contestaré con toda la consideración que le profeso. Empecemos.

 

Según Tamayo, en Colombia se están dando desafueros que generan intranquilidad ciudadana que obedecen a un plan consciente y meditado de la extrema izquierda para tomarse el poder. 

 

Respondo: como cualquier mortal, leo en la prensa que en un grosero caso de abuso policial murió el señor Javier Ordóñez. Los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre hubo protestas ciudadanas por este y otros abusos de la Policía Nacional. Los manifestantes en Bogotá causaron daños en 56 CAI. En esos mismos días hubo 10 muertos más y 323 heridos (entre ciudadanos y policiales). Al menos 72 personas fueran heridas por armas de fuego y las autoridades nacionales y distritales tienen serias razones para pensar que hubo disparos de armas oficiales de la policía contra manifestantes y revoltosos.

 

Esta compleja manifestación social tiene varias causas, según recojo de la lectura de analistas serios: (i) El covid-19. La gente está “mamada” de la cuarentena (en el alma, bolsillo y paciencia) (ii) Relaciones policía-ciudadanía. En algunas barriadas de las ciudades, la relación con la policía se ha vuelto difícil, trabada, desconfiada. La policía hace control social autoritario en roce con la ciudadanía; los micropoderes policiales han aumentado y se ha generalizado una relación clientelista y corrupta donde la gente hace micropagos para que los dejen circular, para que dejen abrir los negocios, para desembarazarse de una sanción de policía. El jueguito del micropoder de la policía de tránsito, tan conocido, se ha trasladado más claramente a las relaciones con la policía de vigilancia en las ciudades; además, existe una profunda desconfianza con la capacidad interna de la policía de disciplinar a sus propios miembros. (iii) Infiltración delincuencial. Finalmente, según organismos de inteligencia, hay infiltración táctica del descontento social por parte de organizaciones delincuenciales cercanas al ELN y a las disidencias de las Farc en alianza con otros grupos urbanos diversos que han desarrollado gusto y capacidad de participación en disturbios urbanos.

 

Casi todo el mundo está de acuerdo en los elementos, pero no en la forma cómo se interrelacionan. Cada quien propone una narrativa diferente dependiendo de su punto de vista: el Gobierno y la sensibilidad de derechas subrayan la infiltración comunista y la apertura de una nueva estrategia de insurrección urbana que reemplazaría el modelo de guerrilla rural; la oposición y las sensibilidades de izquierda subrayan el autoritarismo policial y el uso indiscriminado de armas de fuego en la represión de los disturbios; los grupos de derechos humanos subrayan la necesidad de respetar la protesta social legítima y solicitan una clara diferenciación entre ciudadanos e infiltrados.

 

El “nuevo derecho” y el “derecho de los jueces”

 

Frente a estas interpretaciones, Tamayo propone una nueva y muy sorprendente: la nueva estrategia de las disidencias de las Farc y del ELN tienen conexión directa con un movimiento intelectual y político en el Derecho que Tamayo identifica como el “nuevo derecho” y el “derecho de los jueces”. Para Tamayo, mi libro estaría basado en la doctrina del filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937). Para hacer inteligible la denuncia de Tamayo hay que ofrecer explicaciones que él omite: como la revolución no se lograba por vía insurreccional en Italia y la Europa occidental en los años veinte, Gramsci invita a los marxistas a que piensen en el rol que tiene la cultura en las instituciones burguesas. Con un trabajo de intervención y crítica cultural sostenida, los marxistas podrían exponer las contradicciones del sistema capitalista de una manera más eficiente que el modelo revolucionario bolchevique. La vanguardia del proletariado sería una “intelligentsia radical” y no los organizadores y movilizadores de una revolución proletaria en caliente. Gramsci, en últimas, es un neomarxista que se aparta de la ortodoxia marxista-leninista para ofrecer estrategias sensatas a la “revolución” en la Europa occidental que no puede sencillamente calcar la experiencia soviética. 

Justo aquí viene la parte más inquietante de la interpretación de Tamayo: desde los años noventa, unas élites jurídicas de izquierda radical (donde parece ubicar un libro mío) han infiltrado la academia y la judicatura, como un Caballo de Troya, con el objetivo de sembrar las bases de una revolución política de base cultural, y no insurreccional. Con la paciencia de un topo, esta estrategia se ha manifestado, no en el tipo de trabajo cultural que Gramsci tenía en mente, sino con “El derecho de los jueces” y las sentencias de magistrados de extrema izquierda que han debilitado la Constitución y la ley.

 

Esta ha sido una estrategia consciente, explícita y paciente de un grupo (que Tamayo no identifica), pero que se parecería a un Partido Comunista oculto (el PC-3) guiado por cerebros manipuladores del Derecho que buscan la toma del poder para que Colombia sea otra Cuba o Venezuela, con dictadura de partido único[1]. Como prueba máxima de esta conspiración, Tamayo menciona una medida de aseguramiento reciente que lo tiene muy descontento (y contra la cual yo también tengo cuestionamientos técnicos). Esta estrategia tendría cooptada a la Corte Constitucional y a muchas otras corporaciones judiciales que Tamayo no identifica.

 

Como cereza en el pastel, Tamayo termina conectando toda esta conspiración jurídica con los recientes eventos en la Junta Directiva de EPM, donde el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sería otro quintacolumnista en la toma del poder y estaría coordinado con la intelligentsia gramsciana. ¡Plop!

 

Creo que la interpretación de Tamayo es incorrecta. La teoría de la conspiración que presenta es falsa y mezquina. Desde mi época como estudiante en el movimiento estudiantil por una nueva Constitución, he manifestado una vocación política democrática y ajena a los extremismos políticos. Me horrorizaron, en su momento, las cavernas de pensamiento tanto de la derecha como de la izquierda radical, y creí (como creo) en el papel central que tiene el Derecho en la construcción de una política pluralista.

 

En consecuencia, he tratado de ser un autor crítico e independiente y muchos me reprochan mi falta de identificación explícita con partidos políticos. Creo, además, en la importancia del Derecho para generar estabilidad social, pero también en su capacidad de remediar injusticias e inequidades estructurales. El Derecho puede ser un mecanismo de generación de confianza social, si se construye sobre bases críticas e igualitarias. Contrario a lo que piensan los izquierdistas más radicales, creo que el Derecho no es necesariamente un mecanismo de dominación política y que los abogados podemos hacer aportes valiosos y constructivos al bienestar social. Rechazo los crímenes sangrientos de la guerrilla colombiana, como también rechazo el dolor que ha traído a este país la crueldad de la estrategia paramilitar.

 

Fuente de Derecho

 

“El derecho de los jueces”, por lo tanto, no es una intervención cultural gramsciana para realizar la revolución. Esta es la interpretación más infundada que he escuchado de esa obra. El impacto de ese librito es y ha sido muy diferente: frente a una fuente del Derecho importante, pero desconocida, “El derecho de los jueces” ha ofrecido una metodología y herramientas de discusión para entender la jurisprudencia, sus dinámicas y la responsabilidad de los jueces en la toma de decisiones. Por ejemplo, una de las principales críticas en contra de la medida de aseguramiento a Uribe Vélez es que rompe la línea jurisprudencial en la materia.

 

El análisis jurisprudencial es hoy parte del repertorio técnico de juristas serios (tanto de derecha, izquierda y centro) que les permite tener discusiones serias que la sociedad exige para no quedarnos con las interpretaciones puramente políticas. Esta labor del Derecho será fundamental: luego de los acontecimientos de los últimos días, ¿estamos ante un nuevo intento de revolución urbana, ante desmanes de la policía o ante legítima protesta social? Y si es un poco de todo, ¿cómo se establecen responsabilidades jurídicas sensatas y razonables? ¿Cómo hacemos para impedir el comportamiento delincuencial sin penalizar la protesta social? ¿Qué insumos dará el derecho para ir construyendo responsablemente nuestra historia?

 

Tamayo se equivoca de tal manera que sus tergiversaciones, incluso, se convierten en un abuso del derecho a opinar. En su teoría de la conspiración alcanza a hacer imputaciones muy graves, incluso de naturaleza penal. Su irresponsabilidad como columnista es notoria.

 

Cierro con una cita de Mardo Ordóñez, expolicía y tío de Javier Ordóñez, el abogado cuya muerte es cuestionada. Cuando no hay moderación y madurez sicológica y personal –dijo en declaraciones a la prensa–, los policías con armas son peligrosos porque “desfogan la rabia con quien se presente”. Tamayo, por su parte, tiene una columna y se desfoga movido, a lo mejor, por la inseguridad y ansiedad que provocan los tiempos que corren. A un nivel más humano lo entiendo: la pandemia genera incertidumbre, el estallido social es complejo de entender, la gobernabilidad de Duque tiene desafíos importantes del ELN y las disidencias de las Farc. A esto se suma una cuestionada medida de aseguramiento en contra de un expresidente que es miembro del partido de Gobierno. Con todo, la ansiedad política y personal no se puede convertir en patente de corso para formular argumentos falaces que desorientan a la opinión pública. El artículo de Tamayo, en síntesis, muestra más sectarismo que análisis.