ChatGPT para la justicia
José Miguel De la Calle
Socio de Garrigues
Indudablemente, y tal como lo indica su propio nombre, la labor primordial de un juez es juzgar, esto es, valorar hechos y pruebas a la luz de su conocimiento y basado en su inteligencia real y humana y en su experiencia profesional. Dejando de lado dicha labor esencial de juzgar, la cual ha de mantenerse incólume bajo el control exclusivo del juez de carne y hueso, cabe preguntarse si algunas de las demás funciones que se integran a la tarea de producir un fallo judicial pueden ser delegadas a la inteligencia artificial (IA) o, al menos, si dichas tareas no juzgadoras pueden apoyarse en el trabajo realizado por una máquina dotada de dicha IA.
Precisamente, para escribir esta columna, le pregunté al ChatGPT si creía que la IA podía sustituir al juez en la elaboración de una sentencia judicial y me contestó lo siguiente: “En teoría, la inteligencia artificial podría ser programada para analizar y evaluar evidencias, interpretar la ley y producir una sentencia judicial”, advirtiendo que, para ello, la IA “tendría que ser programada con una cantidad significativa de datos y conocimientos sobre la ley y el sistema judicial y podría tener en cuenta los factores agravantes y atenuantes y aplicarlos a cada caso de manera justa y equitativa”. Luego de una más extensa disertación, la máquina se permitió concluir que, “si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil en la producción de sentencias judiciales, no puede reemplazar por completo el juicio humano y la experiencia de los jueces”.
Nada mal la respuesta, considerando que, además en su nutrida contestación, se recordó la importancia de tener en cuenta aspectos éticos y morales a la hora de implementar un sistema de AI para la justicia.
Recientemente, un juez colombiano, pionero en el mundo, resolvió con apoyo en la IA un asunto sobre el derecho a la salud de un niño autista, exonerando el pago de citas médicas, terapias y transporte, por carencia de recursos de la familia. El togado reconoció que le preguntó lo siguiente al ChatGPT: “¿Menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias?”, a lo que respondió el aplicativo: “Sí, es correcto. De acuerdo con la normativa en Colombia, los menores con diagnóstico de autismo están exonerados de pagar cuotas moderadoras en sus terapias”.
Colombia es uno de los países con mayor mora judicial del mundo. Un proceso ordinario puede tardarse en promedio más de 10 años y, muchas veces, cuando el fallo es proferido, sus efectos resultan tangenciales o inocuos, debido al cambio de circunstancias de las partes por el paso del tiempo. Hoy mismo, por ejemplo, en la firma donde trabajo, recibimos de parte de una alta corte la decisión sobre un conflicto de competencia entre una autoridad judicial y otra administrativa después de más de 24 meses de espera, cuando ya el asunto está totalmente olvidado para los otrora interesados.
En ese contexto, resulta más que razonable que la sociedad colombiana y, en particular, la Rama Judicial valore con el máximo interés y prioridad la posibilidad de hacer uso de la IA como herramienta de apoyo dentro del proceso de administración de justicia, asegurando, por supuesto, todo el cuidado y el rigor ético en su implementación.
Los generadores de IA hoy disponibles, incluyendo el más avanzado de todos (GPT 4), arrojan aún muchos errores en la información e incluso proporcionan datos o fuentes falsos o inventados. Por eso, la utilización de esta herramienta debe hacerse con el mayor cuidado y previa verificación de la validez de la información, pero es igualmente cierto que estas aplicaciones van a evolucionar muy rápidamente y van a consolidarse como uno de los saltos más grandes de todos los tiempos para la humanidad. La justicia como bien esencial no puede ser ajena a ello.
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