Columnistas
¿Por qué la agroindustria?
Juan Camilo Restrepo
Exministro, abogado y economista
Ahora que estamos próximos a entrar en lo que se ha dado en llamar el posconflicto, surge, en toda su importancia estratégica, la figura de la agroindustria como una de las políticas claves para el desarrollo de los años venideros en Colombia.
Incorporarle valor agregado y empleo nacional a los productos agrícolas, pecuarios o silvícolas es una de las estrategias más lúcidas para el futuro inmediato del país, pues es allí, precisamente, donde tenemos ventajas comparativas interesantes.
Por ejemplo, según estudios recientes de la Andi, derivados del cacao colombiano, que tienen excelentes condiciones de calidad, aroma y una demanda internacional creciente, pueden ser productos emblemáticos de lo que habrá de entenderse por agroindustrias estratégicas para los nuevos tiempos que corren.
O piénsese en el potencial inmenso que proporciona la madera y sus productos derivados en Colombia. De las 114 millones de hectáreas con que cuenta Colombia un 10 % tiene su uso óptimo destinándolas a reforestación comercial e industrial, es decir, 14 millones de hectáreas, de las cuales apenas tenemos en reforestación de 500.000 plantadas.
O sea, el potencial de la agroindustria dedicada a la madera con el potencial formidable en términos de empleo y ambientales que acarrea es inmenso. Nosotros tenemos más tierras óptimas para maderables que Chile, con la ventaja de que acá la producción es mucho más precoz.
Pero, esto debe hacerse sin medidas artificiosas, como serían los subsidios tributarios inmanejables e indefensables. Tal es el caso del anuncio realizado recientemente de que en las zonas del posconflicto se va a ensayar, de nuevo, una especie de Ley Páez (L. 218/95) renovada (de muy malos antecedentes y resultados), como el instrumento escogido para desarrollar agroindustrias en las zonas de conflicto que van a rehabilitarse.
La política pública hacia el estímulo de la agroindustria debe orientarse más en la dirección de dotar a las zonas rurales de los bienes públicos que carece que hacia los subsidios y exenciones indiscriminadas. Por ejemplo, hacia los distritos de riego, de ciencia y tecnología aplicada al desarrollo de los productos potencialmente apropiados para desplegar la agroindustria, a la dotación de una red de frío y de empaque apropiado (piénsese, por ejemplo, en el potencial inmenso de las frutas tropicales dentro del marco de los tratados de libre comercio), a las centrales de abasto y, por supuesto, al desarrollo de las vías terciarias donde hay un atraso monumental.
Los municipios solos no van a poder subsanar este atraso que se observa en materia de vías terciarias, indispensables para desarrollar la agroindustria. No es solo en vías de la llamada G-4 como vamos a salir adelante. El país, léase el presupuesto nacional, tiene que aplicarse a apoyar un gran plan de vías terciarias modernas y adecuadas que haga posible muchas agroindustrias que están a la espera de poder abaratar sus costos de transporte para salir adelante.
En un estudio reciente, que en compañía de Ignacio Lozano elaboramos para el Banco de la República (El papel de la infraestructura en el desarrollo agrícola de Colombia, Borradores de economía, número 904, del 17 de septiembre del 2015), pudimos constatar que, debido principalmente al defectuoso estado de las vías terciarias del país, en promedio, cualquier finca de Colombia está a más de cinco horas de distancia de los centros de acopio y de comercialización. Así es muy difícil que se desarrolle una agroindustria vigorosa.
Entre la producción primaria (productos agropecuarios sin procesar), la secundaria (industria) y la terciaria (servicios) hay un hilo conductor virtuoso que se denomina agroindustria. A ella nos corresponde apostarle ahora.
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