Todo nos llega tarde

Maximiliano A. Aramburo C.

Abogado y profesor universitario

Poco antes de escribir esta columna me hicieron imaginar una protesta laboral que podría pertenecer a una serie de televisión distópica, de las que ahora hay muchas. Se trataría de una protesta en la que los funcionarios no irán a su lugar físico de trabajo. Es cierto que, desde hace rato, en general, no van: así es la pandemia. Pero tampoco encenderán los computadores de sus casas, que pagaron con sus ingresos; ni utilizarán la red que, para su domicilio, pagan ellos con sus ingresos; ni escanearán más documentos en los escáneres que también pagaron ellos con sus ingresos para poder desempeñar su labor; ni atenderán al público en sus teléfonos móviles (pagados también por ellos, claro). Si esa protesta fuese la de los empleados judiciales, como en las huelgas “de toda la vida” se afectarían seriamente las audiencias programadas y, consecuentemente, se impediría el cumplimiento de términos judiciales de todo tipo. Sería una protesta que paralizaría (temporalmente, como “las de toda la vida”) un servicio público de primera necesidad: un golpe más a nuestra ya aporreada jurisdicción.

Pero ese es un servicio público respecto del que todos -funcionarios, abogados y ciudadanos, que participamos con diferentes tareas en el servicio en cuestión- parecemos convencidos de que debe correr por cuenta del Estado, al menos como condición mínima para poder exigirle a ese mismo Estado que sea eficiente, robusto y funcional.

¿En qué medida esa protesta, que consiste en no disponer de los propios recursos para el servicio del Estado, puede asemejarse a otras protestas? ¿Es legítima? ¿Es posible moral y jurídicamente obligar a los funcionarios a prestar un servicio público con sus propios medios? ¿Es un buen argumento comparar ese “sacrificio” con el que hacen otros sectores de la población, que en lo suyo también han puesto cuotas de aporte personal manteniendo puestos de trabajo, algunos, y aguantando la economía sin poder operar, otros? ¿Está en realidad tan garantizado el acceso a internet con niveles aceptables de calidad en todo el país, como para demandar de los funcionarios judiciales que sean ellos con sus recursos (y no el Estado, con los impuestos que pagamos todos) quienes pongan en marcha la maquinaria del servicio público al que luego los ciudadanos y abogados, con nuestras propias dificultades (y nuestros propios recursos) nos conectaremos? ¿Son equiparables, en ello, las posiciones de funcionarios, por un lado, y de abogados y usuarios, por el otro?

A lo largo de la geografía nacional habrá funcionarios judiciales que llevan meses haciendo lo indecible para que su despacho no se pare o lo haga solo cuando a ellos, que son la última barrera de contención frente a la fuerza de las cosas, les sea materialmente imposible jugarse más el tipo: también ha ocurrido, lo sabemos, en la salud y en más sectores. A todos nos podrán gustar más o menos ciertos jueces, y nos darán alegrías o frustraciones algunos despachos. Pero celebrar las cosas buenas y reprochar las malas solo es institucionalmente posible en la medida en que el Estado ponga todo lo que está a su alcance para que el servicio funcione. Y si todo lo que está a su alcance es lo que ya se puso -a pocas semanas de cumplirse un año de estas circunstancias-, es bien poco, porque en últimas el servicio descansa y subsiste por el esfuerzo individual supererogatorio de cada equipo judicial. Si eso es todo, insisto, el Estado ha fallado, y si no es todo, también, porque entonces no se entiende cuánto más debemos esperar.

El daño que se produce al perder confianza en la justicia puede ser irreparable. Al paso que vamos, será inevitable que abogados y ciudadanos aplaudamos el esfuerzo de funcionarios judiciales y reprochemos la paquidérmica respuesta del Estado a la demanda de justicia.

Julio Flórez, el poeta boyacense, escribía que “Todo nos llega tarde”. Además de la muerte, en lo que nos llega tarde incluía el poeta a la justicia, que “nos muestra su balanza / cuando sus siglos en la Historia vierte / el Tiempo mudo que en el orbe avanza”. Ojalá que un siglo después de Flórez, la (administración de) justicia que demandan los tiempos actuales no se atreva a llegarnos tarde.