Las fallas del mercado laboral colombiano

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

Colombia tiene uno de los peores indicadores de informalidad y desempleo en América Latina, solo superado por Haití. Más del 62 % de la población en edad de trabajar yace en la informalidad, comparado con el 53 % para la región, y el desempleo superaba el 10 % antes de la pandemia (contra el 8 % para América Latina).

Según la Misión de Empleo liderada por Santiago Levy, las causas del pobre comportamiento en materia laboral del país residen en su legislación e instituciones. Muchos factores contribuyen a ponerles barreras a la formalidad y a subsidiar la informalidad. En primer lugar, están los llamados parafiscales que se le cuelgan a la nómina que le agrega el 16 % de los salarios que reciben los trabajadores (12 % pensión y 4 % cajas de compensación) y que tienen que pagar las empresas. En otros países de la región, la mayor parte de la seguridad social sale del recaudo tributario, por lo cual no recarga tanto a sus empresarios. En el 2012, las contribuciones alcanzaban el 30 % de la nómina y la Ley 1670 las redujo 14 puntos, lo cual hizo caer la informalidad entre el 4 % y el 7 %, según Fernández y Villar (CAF, 2016). Los trabajadores pagan un impuesto a la formalidad al abonar 4 % de salud, del cual están exentos los informales.

Otro factor es la fijación del salario mínimo, que es alto con respecto al promedio del mercado y que se negocia con los sindicatos del sector formal. Mientras el índice de precios al consumidor subió el 77 % en los últimos 15 años, el salario mínimo aumentó el 130 %. A mayor salario mínimo, más empresas evitan contratar nuevos trabajadores y cuando lo hacen utilizan la subcontratación con empresas pequeñas que evaden la legislación laboral o contratan por tarea cumplida, aumentando el número de trabajadores informales. Igualmente, más trabajadores dejan de cotizar al régimen contributivo de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, y se van por los regímenes subsidiados, debilitando a los primeros y ampliando los segundos. 

El sistema pensional desincentiva las cotizaciones del Régimen de Ahorro Voluntario, a pesar de que el Gobierno ofrece aportarle el 20 % de lo que ellos pongan, pues saben que no van a tener empleo durante el tiempo suficiente para reclamar sus pensiones. La precariedad misma de los trabajadores hace que sus aportes terminen en las administradoras de fondos de pensiones, a menos que tengan conocimiento legal para reclamarlos. En salud, los regímenes contributivos y subsidiado ofrecen planes similares de cobertura, incentivando la fuga del primero, que es costoso y que cuenta con el 46 % de los trabajadores, hacia el segundo, que es casi gratuito y ostenta al 49 % de los mismos. Las cesantías no sirven para enfrentar los periodos en que los trabajadores quedan cesantes, porque se pueden utilizar para muchas otras cosas (educación, vivienda, etc.)

La misión no trata temas de economía política: la desigual distribución entre utilidades y salarios que se agudiza con la represión de los sindicatos que no alcanzan a cobijar al 4 % a los trabajadores y que son frecuentemente declarados objetivo militar por los actores armados. Tampoco menciona otros factores que generan informalidad, como la ausencia de crédito para las pequeñas empresas y los extravagantes cobros que les hacen las cámaras de comercio para registrarse.

El resultado de todo, según la Misión, “es gravar a las empresas productivas y subsidiar a las improductivas (...). Ello limita la creación de trabajos productivos que paguen altos salarios (…). No hay buenos empleos en malas empresas”.