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El Emisor y el equilibrio de poderes

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Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

 

El gerente del Banco de la República es un funcionario poderoso. Solo responde ante la junta directiva de la entidad que lo elige y tiene el poder de renovarle su mandato en dos ocasiones, para completar hasta 12 años que puede servir. El gerente tiene a su servicio una tecnocracia de funcionarios que cuentan con doctorados de universidades anglosajonas o son expertos en áreas financieras y de regulación económica.

 

El ministro de Hacienda preside la junta y tiene alguna influencia en el nombramiento de gerente, pero si no cuenta con el respaldo mayoritario de los codirectores no puede imponerlo. El actual gerente, Juan José Echavarría, es parte de la tradición de funcionarios de la junta que hicieron méritos como historiadores económicos y que incluye a Miguel Urrutia, José Antonio Ocampo, Antonio Hernández Gamarra, Leonardo Villar y Adolfo Meisel, entre otros.

 

La Corte Constitucional debe fallar una tutela sobre el límite de edad que tienen los altos funcionarios del Banco de la República y su gerente en particular. Echavarría está al borde los 70 años, que es el tope para los funcionarios públicos y podría ser removido, si el fallo hubiera sido contrario. Sin embargo, el banco central cuenta con un régimen especial que puede ser un precedente importante sobre el cual la Corte puede decidir a su favor.

 

El Gobierno estaba muy interesado en inhabilitar a Echavarría y el Presidente parece que llamó a cada uno de los magistrados para presionar su descabezamiento, a pesar de ser el candidato favorito de la junta actual. En esta junta el ministro Carrasquilla solo cuenta con dos votos de los cuatro necesarios para poner gerente. Si lograba eliminar a Echavarría, podía incidir en nombrar a un tercero que fuera más amigable con sus designios.

 

Es inaudito que el propio ministro de Hacienda haya estado haciendo cabildeo para quedar él de gerente del banco y tener control remoto sobre un nuevo ministro, que sería Juan Pablo Zárate, a quien sacó de la Junta del Banco de la República para ponerlo de viceministro. El nombramiento del Director del Departamento Nacional de Planeación, quien es un joven profesional subordinado del ministro, es otra evidencia de su concentración de poderes.

 

Hay un aumento del control de este Gobierno sobre todos los entes de control (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría), además de haber logrado unos intercambios políticos en el Congreso que favorecen la aprobación de sus proyectos legislativos. Se ha recrudecido también el centralismo a costa de los mandatarios territoriales, de nuevo Carrasquilla apropiándose de recursos que les pertenecen. La cereza del pastel sería el control de todas las instituciones económicas, en particular del banco central, asediado por la codicia de Carrasquilla.

 

Lo más grave es que se está rompiendo el equilibrio de poderes del Estado por un Gobierno de un partido extremista que se libera de los controles que estableció la Constitución, algo que se magnificó con las atribuciones que se tomó por la emergencia sanitaria. Hoy vemos al Presidente abusando del uso de la violencia policial en contra de la población civil, como presentador de un aburridor programa diario en todos los canales nacionales, intentando asignar recursos escasos a una empresa extranjera quebrada o tomando decisiones que favorecen a sus amigos y financiadores. La poca democracia que teníamos está amenazada.

 

 

Nota: Esta columna fue escrita antes del fallo de la Corte Constitucional.

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