El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que prevé que los conciliadores de los centros de conciliación y los notarios pueden adelantar la conciliación extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia de los jueces. Al rendir concepto en el trámite de constitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 640 del 2001, el jefe del Ministerio Público recordó que, en la Sentencia C-1195 del 2001, la Corte Constitucional precisó los alcances y los requisitos de la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción civil, contenciosa y de familia, y señaló que no hay un conflicto insuperable entre la justicia estatal y el medio alternativo de solución de conflictos. Para el organismo, la conciliación extrajudicial no desplaza ni anula a la administración de justicia estatal, como se indica en la demanda, ni tampoco corresponde a la delegación permanente de una función judicial, en la medida que se trata de una función que se ejerce bajo ciertos presupuestos, por un breve periodo de tiempo, que no exige la dedicación exclusiva del conciliador y que permite a la ciudadanía participar en la administración de justicia.