La Corte Constitucional amparó los derechos de una ciudadana que adquirió el derecho de propiedad sobre un inmueble mediante una sentencia proferida tras la declaración de la prescripción adquisitiva extraordinaria y a quien le fueron vulnerados por una oficina de registro e instrumentos públicos que, en múltiples oportunidades, se negó a realizar la inscripción del fallo judicial, cada vez por una razón de rechazo diferente. Ese escenario sirvió a la Corte para exhortar a la Superintendencia de Notariado y Registro a capacitar a las oficinas de registro de instrumentos públicos sobre el deber de realizar un examen y una comprobación integral de todos los requisitos establecidos por la ley para el registro de documentos. Lo anterior con el fin de evitar la dilación injustificada en la solución de las peticiones de los ciudadanos y el desconocimiento del derecho al debido proceso administrativo (M. P. Alberto Rojas).