Por la presunta vulneración de los artículos 1, 4, 13 y 43 de la Constitución Política, de los artículos 1° y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otras normas que integran el bloque de constitucionalidad, fue demandado por inconstitucional un aparte del artículo 1637 del Código Civil en el que se instituye a los hombres como los representantes legítimos de sus esposas ante los acreedores. De acuerdo con el escrito, no tiene sentido mantener los efectos de una disposición que incorpora un trato diferenciado e irreal para la época actual, en donde el papel de la mujer se encuentra efectivamente protegido.