La procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, Ilva Myriam Hoyos, rindió concepto ante el Tribunal de Ética Médica del Meta sobre el caso de una profesional de la salud que es investigada por remitir información a la Procuraduría de una paciente que solicitó una interrupción voluntaria de embarazo (IVE). Hoyos precisó que se encontraba facultada para solicitar dicha información, que obraba dentro de un expediente de tutela respecto al cual el Ministerio Público deseaba pronunciarse. Según la funcionaria, en un primer momento le solicitó a la profesional que precisara si efectivamente la paciente había solicitado un aborto, como se concluyó en la Sentencia T-585 del 2010. Así mismo, reiteró que, de conformidad con el artículo 287 de la Constitución, el Procurador General de la Nación, por sí mismo o a través de sus delegados o agentes, puede exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria e, incluso, tiene atribuciones de policía judicial.