La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional no examinar la exequibilidad de la norma del Código General del Proceso (CGP) que impone las condiciones en las que se dará trámite a expedientes relacionados con indemnizaciones, compensaciones o el pago de frutos o mejoras. El Ministerio Público estima necesario que la corporación se declare inhibida para estudiar la acción contra el artículo 206 de la Ley 1564 del 2012, por considerar que el accionante se equivoca al estimar que la exigencia de exponer razonadamente los presupuestos de la restauración al actor, tanto como a quien objete las dimensiones de la estimación, supone una evaluación de experticia o dictamen pericial previo. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).