De acuerdo con el amparo de policía previsto en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos pueden solicitar en cualquier tiempo a las autoridades, sean civiles o de policía, el apoyo para que les restituyan los inmuebles que hayan ocupado los particulares contra su voluntad o sin su consentimiento o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar el ejercicio de sus derechos, recordó la Superintendencia de Servicios Públicos. En este caso, la autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de la perturbación o amenaza, imponiendo multas de uno a cinco salarios mínimos mensuales, por cada semana o fracción de demora transcurrida desde la fecha de resolución y sin perjuicio de otras medidas legales.