Teniendo en cuenta que el artículo 25 del Decreto 19 del 2012 (decreto-ley antitrámites) eliminó expresamente las autenticaciones y los reconocimientos y le otorgó presunción de legalidad a los documentos privados, las peticiones y recursos presentados por el usuario de servicios públicos domiciliarios o la persona que este faculte para tal fin no requieren autenticación o presentación personal alguna, así como tampoco el documento con el que se acredite la representación, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos. En todo caso, señaló la entidad, la presunción de legalidad que ostentan los documentos puede ser desvirtuada mediante la tacha de falsedad.