La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró la exequibilidad condicionada de un aparte del artículo 6° de la Ley 1150 del 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto-Ley Antitrámites (Decreto-Ley 019 del 2012), que fija la inhabilidad permanente para contratar con el Estado del proponente que reincida en presentar graves inconsistencias en el Registro Único de Proponentes (RUP), en el entendido de que se debe respetar el debido proceso. Según el fallo, la cámara de comercio podrá imponer la inhabilidad permanente, siempre y cuando garantice el debido proceso referente a la legalidad de la conducta, la autoridad competente, el trámite previo a la adopción de la medida, la presunción de inocencia, la contradicción de las pruebas, entre otros aspectos. En ese sentido, deberá aplicarse lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, destacó. Además, la medida es razonable, proporcional y no viola el derecho a escoger profesión u oficio ni el de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, concluyó la corporación (M. P. Jorge Iván Palacio).