Las anomalías que las contralorías territoriales detectan en la prestación del servicio de alumbrado público e informan a la Contraloría General de la República, en cumplimiento del deber de informar a la autoridad competente (artículo 33 del Código Contencioso Administrativo), no prestan mérito automático para abrir indagaciones preliminares o procesos, pues el criterio jurídico sobre los elementos de la responsabilidad fiscal prevalece sobre el contenido de los hallazgos descubiertos por las delegadas sectoriales. Así lo precisó la entidad, en concepto de noviembre.