La adquisición de bienes y servicios requeridos por la organización electoral para el proceso de modernización de la cedulación, identificación ciudadana y demás trámites necesarios para acceder a los sistemas de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil es un asunto conexo a la seguridad y defensa nacional, por lo que al incluir la contratación directa para dicha modernización a través del Decreto 1275 de 1995, el cual adicionó el artículo 4º del Decreto 855 de 1994, el Gobierno no excedió facultades reglamentarias, manifestó el Consejo de Estado. El legislador puede limitar dicha atribución de reglamentación, sin que ello impida que se haga antes del término previsto ni inhabilite para hacerlo vencido dicho plazo. La corporación negó la nulidad de la norma mencionada (C.P. Hernán Andrade Rincón).