El Consejo de Estado admitió una demanda contra el artículo 1º del Decreto 4266 del 2010 (modificatorio del Decreto 2474 del 2008), que incluyó dentro de la posibilidad de contratación directa contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. Según el demandante, estas nuevas causales no hacen parte de lo desarrollado por el legislador en el artículo 2-4-h de la Ley 1150 del 2007 y, por ende, desborda el poder reglamentario el Ejecutivo. Sin embargo, la Sección Tercera negó la solicitud de suspensión provisional de la norma, por estimar que en la simple confrontación con las normas superiores no se determinó el desconocimiento de las mismas. En la providencia, el alto tribunal señaló que no es procedente la vinculación del Presidente de la República al proceso (C. P. Jaime Orlando Santofimio).