En fallo del pasado 22 de abril, el Consejo de Estado precisó que la Superintendencia de Sociedades está facultada no solo para ejercer la inspección y vigilancia sobre los fondos ganaderos, sino para imponer sanciones por la violación e incumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de dichos fondos, como es la Ley 363 de 1997, siempre y cuando se haga dentro del término establecido en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, es decir, cinco años.