La intervención del Ministerio Público en calidad de sujeto procesal no puede comprometer el principio de igualdad del proceso. Por esa razón, no le está permitido remplazar a las partes de la controversia.

El Consejo de Estado recordó que la intervención de la Procuraduría en los procesos administrativos se limita a la emisión de su concepto jurídico, de acuerdo con los artículos 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo.

La posibilidad de que interponga recursos contra las providencias proferidas a lo largo de la actuación depende de que esté de por medio la protección del interés general o del orden jurídico, explicó el alto tribunal.

“Si la discrepancia del Ministerio Público se refiere a una de las partes del proceso, el interés para recurrir o para impugnar solo será de dicha parte afectada, para no desvirtuar la verdadera función que desempeñan los procuradores judiciales en el proceso y evitar que se comprometa el principio de igualdad procesal”, señala la sentencia.

En el fallo, la Sección Tercera confirmó una sentencia recurrida por la Procuraduría que condenó a la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en los daños causados a dos vehículos que estaban bajo su custodia.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 44001233100019990085301 (22726), feb. 23/12, C. P. Mauricio Fajardo)