La culpa o dolo de agentes estatales se determina con base en sus funciones

Al resolver un recurso de apelación en una acción de reparación directa, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que para establecer la existencia de la culpa grave o del dolo de los agentes, exagentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el operador judicial no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe analizar las características particulares del caso, las cuales deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6 y 91 la Constitución Política en relación con la responsabilidad de los servidores públicos.

También, el juez debe tener en cuenta la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos de estos, y los conceptos de buena y mala fe contenidos en la Constitución Política y en la ley. (Lea: Conozca cómo se materializa un riesgo propio del servicio en la acción de reparación directa)

En consideración a lo precedente, el alto tribunal administrativo indicó que para determinar la responsabilidad personal de aquellos el análisis de sus actos dolosos o gravemente culposos debe contener el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave.

De igual forma, se requiere precisar si este incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, esto es, con el pleno conocimiento de la irregularidad de sus acciones y con la intención de producir las consecuencias nocivas, configurando así una actuación dolosa.

O, por el contrario, si al actuar pudo prever la irregularidad en la que incurría y evidenció el daño que podría generar y aun así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo, configurando una actuación gravemente culposa (C.P. Danilo Rojas Betancourth).

Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 54001233100020020152901 (40476), Ago. 1°/16

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