Al resolver un recurso de apelación, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que para establecer la existencia de la culpa grave o del dolo de los agentes, exagentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el operador judicial no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe analizar las características particulares del caso, las cuales deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6 y 91 la Constitución Política en relación con la responsabilidad de los servidores públicos. También, el juez debe tener en cuenta la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos de estos, y los conceptos de buena y mala fe contenidos en la Constitución Política y en la ley. En consideración a lo precedente, el alto tribunal administrativo indicó que para determinar la responsabilidad personal de aquellos el análisis de sus actos dolosos o gravemente culposos debe contener el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. De igual forma, se requiere precisar si este incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, esto es, con el pleno conocimiento de la irregularidad de sus acciones y con la intención de producir las consecuencias nocivas, configurando así una actuación dolosa. O, por el contrario, si al actuar pudo prever la irregularidad en la que incurría y evidenció el daño que podría generar y aun así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo, configurando una actuación gravemente culposa (C.P. Danilo Rojas Betancourth).