El Consejo de Estado declaró la nulidad los parágrafos 2 y 3 del artículo 3º de la Resolución 082 del 2003, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Para la Sala, los honorarios por defensas judiciales no son asimilables a un costo operativo, un costo de inversión o un costo de proyectos. Se trata de sumas de dinero pagadas a profesionales del Derecho por defensas judiciales. Por lo anterior, el alto tribunal concluyó que el ámbito material de competencia de regulación de la CREG se contrae a fijar los ingresos regulados por los costos mencionados (C.P. Maria Claudia Rojas Lasso).