El Consejo de Estado reiteró que, por mandato constitucional, durante el embarazo y después del parto, la mujer goza de la especial asistencia y protección del Estado.

Por lo tanto, las mujeres vinculadas a la administración mediante nombramiento provisional que se encuentren en estado de gravidez están cubiertas por esa protección especial.

Según el alto tribunal, en estos casos, el fuero materno prevalece sobre cualquier otro derecho, incluidos los de los funcionarios de carrera administrativa que, eventualmente, pretendan ser trasladados al cargo que ocupa la mujer embarazada.

La corporación recordó que a las entidades públicas se les aplica el artículo 21 del Decreto 3135 de 1968 y los artículos 39, 40 y 41 del Decreto 1848 de 1969, que establecen el régimen de protección a la maternidad y la prohibición de despido por motivos de lactancia o embarazo.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 15001233100019940416501(20964), oct. 29/12, C. P. Alfonso Vargas Rincón)