El Consejo de Estado recordó que, mediante la sentencia C-1161 del 2000, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con fundamento en la violación al principio de legalidad que ampara el régimen sancionatorio. Como durante la vigencia de esta disposición se expidió el Decreto 673 de 1994, en el que se estableció la sanción para los establecimientos de crédito por el defecto en que incurran en el patrimonio técnico necesario para el cumplimiento de la relación de solvencia, con la declaración de inexequibilidad de la norma del estatuto el decreto quedó incurso en la causal de pérdida de fuerza ejecutoria conocida como el decaimiento del acto administrativo. De igual forma, rechazó el argumento consistente en que la declaración de inexequibilidad del artículo 52 reviviera el artículo 83 del mismo estatuto, que regulaba esta situación y consagraba la sanción pecuniaria por el incumplimiento de la relación de solvencia (C.P. Héctor J. Romero Díaz).