Contraloría no puede levantar velo corporativo a quienes no son gestores fiscales

La Corte Constitucional publicó el texto del fallo mediante el cual declaró inexequible el artículo 65 de la Ley 2195 del 2022 (Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción), sobre la facultad de la Contraloría General de la República de decretar como prueba el levantamiento del velo corporativo con el fin de identificar a controlantes, socios, aportantes o beneficiarios reales y de determinar si procede su vinculación como presuntos responsables fiscales.

La decisión también recayó sobre el control jurisdiccional previo a su práctica por parte del Contralor General de la República o del director de información, análisis y reacción inmediata, al exceder la competencia constitucional del órgano de control fiscal y desconocer garantías mínimas del debido proceso. (Lea: Inexequible facultad de la Contraloría de levantar velo corporativo a quienes no ejercen gestión fiscal)

Según la demanda, la disposición cuestionada trasgredía los derechos y garantías de los accionistas y socios de las sociedades privadas, en particular lo relacionado con el debido proceso, pues el ente de control fiscal no ha sido investido de funciones jurisdiccionales que le permitan actuar como un juez frente a los particulares, de manera que se dejaba a socios y accionistas de las sociedades privadas sin garantías.

Extensión a particulares

El alto tribunal indicó que la norma sí desbordaba las competencias constitucionales de la Contraloría y, por ende, resultaba inconstitucional al extenderse a particulares (o terceros) que no tienen la calidad de gestores fiscales, lo cual excedía la esfera de vigilancia y control del órgano fiscal y no permitía determinar la vinculación de estos sujetos como presuntos responsables al proceso de responsabilidad fiscal, so pena de infringir los artículos 4, 119, 267, 268-5 y 272 de la Constitución Política.

En ese sentido, explicó, la libertad de configuración normativa del legislador en materia de responsabilidad fiscal tiene un límite expreso en la Constitución, en virtud del cual la ley no puede vincular a procesos de responsabilidad fiscal a personas que no ejerzan funciones relativas a la gestión fiscal. El desconocimiento de este límite implicó su inconstitucionalidad. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas salvó su voto (M. P. Vladimir Fernández Andrade).

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