El Consejo de Estado decretó la nulidad del artículo 1° del Decreto 330 del 2009, que imponía al Instituto de Fomento Industrial (IFI), en liquidación, constituir un encargo fiduciario para que lo sustituyera en la administración de las salinas de Manaure. En su opinión, la norma acusada violó la Ley 773 del 2002, porque esta dispuso que la sociedad SAMA es la concesionaria de la producción de esas sales. Por ende, el IFI debe entregarle a esta todos los activos vinculados al contrato de administración, pues sus derechos como concesionaria o propietaria de aquellos no tienen ninguna limitación (C.P. Olga Mélida Valle).