La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la nulidad de algunos apartes de los artículos 1, 7 y 13 de la Resolución 759 del 2013 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que adoptó el procedimiento de asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio de televisión. Las disposiciones imponían una restricción al concesionario del servicio de televisión al establecer que “bajo ninguna circunstancia el concesionario podrá radiodifundir señales desde la estación de televisión hasta que la ANTV le informe mediante comunicación escrita al concesionario que se encuentra autorizado para iniciar operaciones”. Según el concepto de la Sala, la ANTV no puede imponer al beneficiario de la asignación de frecuencias la carga de obtener una autorización posterior para el inicio de operaciones de radiodifusión. Lo anterior porque ese trámite administrativo priva al nuevo concesionario de explotar la frecuencia asignada hasta tanto la Autoridad comunique el permiso para iniciar operaciones. También indicó que el legislador expresamente ha otorgado la competencia a esta entidad pública para asignar las frecuencias a los concesionarios del servicio de televisión, “pero nada señaló sobre la pretendida facultad para imponer al concesionario una autorización posterior”. El alto tribunal agregó que la ANTV, por vía administrativa, pretendía imponer limitaciones a los derechos de libertad de expresión y libre iniciativa privada, lo cual significa un quiebre a los cimientos del Estado social de derecho (C.P. Jaime Orlando Santofimio).