Así será el Sistema de defensa jurídica del Estado

El plan nacional de desarrollo de este Gobierno creó el Sistema de defensa jurídica del Estado (SDJE), que contendrá las políticas, estrategias, normas e instrumentos jurídicos, técnicos y financieros orientados a garantizar de manera coordinada la eficacia del ciclo de defensa en las entidades públicas del orden nacional y territorial.

La finalidad del SDJE es coordinar y articular interinstitucionalmente a las entidades a través de estrategias que gestionen eficazmente la defensa jurídica y reduzcan la litigiosidad y el impacto fiscal de condenas contra el Estado.

En adelante, las decisiones que adopten los actores del sistema deberán fundamentarse en insumos propios, los suministrados el SDJE y los del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI.

Por su lado, las entidades territoriales gozarán de autonomía para gestionar sus intereses litigiosos y la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) deberá respetar los principios de enfoque diferencial, priorización y colaboración armónica.

Estructura del SDJE

• Consejo del SDJE (instancia de orientación y alto nivel de Estado).
• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (coordinadora).
• Comité técnico de políticas y estrategias del SDJE (instancia de operación a nivel nacional y territorial).
• Comité técnico de defensa jurídica del SDJE (instancia operativa nacional y territorial).

Todos los actores del sistema deberán identificar y prevenir los riesgos de daños antijurídicos; acatar e implementar los lineamientos del ciclo defensa jurídica y atender las solicitudes, recomendaciones y estrategias de litigio elaboradas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Abogados defensores del Estado

Un aparte de este decreto, que puede descargar al final de esta noticia si es suscriptor, determina que la acreditación de calidades de los abogados defensores del Estado será diseñada por la Andje, que además creará una guía técnica y metodológica para los respectivos manuales especificos de funciones y competencias laborales, tomando en cuenta criterios como el nivel de complejidad de las funciones y de los procesos litigiosos y de la magnitud, presupuesto y naturaleza jurídica de la entidad.

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