¿Llegar tarde a la tecnología? o ¿no llegar?

Carolina Ibarra Duque
Líder metodológica del mapa de innovación legal y analista de inteligencia competitiva

Hace algunos años, cuando apenas empezaba a encontrar respuestas sobre el rol de los abogados en la innovación y en las tecnologías digitales, un colega, docente, me dijo: “Carolina, para que hablar del embeleco de las tecnologías en el Derecho; los abogados llegamos tarde a todo, nuestro trabajo es llegar tarde a arreglar lo que otros hicieron mal”.

Su respuesta me desconcertó, por múltiples razones, algunas académicas, otras profesionales. Aunque ahora, casi ocho años después, comprendo su apreciación, la cual, por supuesto, no comparto.

Tecnologías como las que hacen posible la evolución del internet, de la web, los dispositivos móviles, los sistemas de ubicación geográfica y, sobre todo, las que posibilitan la interacción humana con estas, representan una oportunidad para potencializar, hacer efectivas y con mayor alcance múltiples herramientas del Derecho, transformando incluso muchas de las formas tradicionales en que los abogados hasta ahora han ejercido su labor.

En este orden de evolución y con las oportunidades que representa la tecnología para la eficiencia del Derecho, me pregunté, le pregunté a algunos colegas del sector jurídico y pregunté de manera abierta en una red social sí ¿está en deuda el Derecho con la tecnología? o ¿la que tiene la deuda pendiente es la tecnología con el Derecho? Respuestas: ¿el Derecho con la tecnología? 60 % y ¿la tecnología con el Derecho? 40 %.

Según las respuestas, es el Derecho quien aparentemente está en deuda con la tecnología, sin embargo ¿quiénes materializan el Derecho? y ¿quiénes son los destinatarios de esos derechos?

Creo poco que el Derecho o la tecnología tengan deudas entre sí. Las dos son herramientas que dan respuesta a necesidades y realidades sociales, desde contextos diferentes que cada vez se acercan más y se complementan mejor desde lo social y lo económico.

Ahora, lo que sí se convierte en un desafío cada vez mayor es el analfabetismo digital, con el cual se concretan y materializan cada vez más riesgos relacionados con:

- El uso, la seguridad y la gestión de la información.

- El incremento exponencial de delitos informáticos, ataques cibernéticos y la dificultad de persecución de estos.

- La diversificación de la economía digital, su fragmentación legislativa y administrativa.

- Los riesgos de la gratuidad en los servicios social media.

- La protección mínima de intangibles, la dificultad de su gestión y la poca valoración patrimonial de estos.

Todo esto trae como consecuencia la dificultad para percibir la tecnología como una herramienta de habilitación individual, social y económica, que, como todas las herramientas, precisa de una comprensión para su administración, uso y beneficio.

Como primer paso para lograr espacios comunes entre el desarrollo tecnológico y el sector jurídico, propongo que los abogados, pieza clave en el proceso de adaptación social a las tecnologías de la información, y en el uso consecuente, eficiente y responsable de las tecnologías digitales y de la información, incorporen las siguientes herramientas en su práctica profesional.

(i) Formación tecnológica básica e intermedia: relacionada con el funcionamiento de dispositivos electrónicos, sus programas e interfaces.

(ii) Comprensión profunda de la web, su desarrollo y evolución: la teoría de la información, los navegadores y el correo electrónico.

(iii) Participación activa en espacios de discusión sobre uso, impacto, valoración y regulación tecnológica: proponer, conocer y aportar apreciaciones informadas, críticas y ecuánimes sobre el uso de las tecnologías de la información a lo largo de su evolución, aportará a que los abogados sean parte activa, pertinente y asertiva tanto de la evolución tecnológica, como de su legislación, impacto y garantía de derechos digitales y físicos.

De manera que, antes que deudas entre herramientas, haya correlación en la efectividad de ambas, impacto positivo en sus usuarios y competitividad sana y efectiva en cada sector económico involucrado.