El Gobierno le solicitó al Senado de la República no aplazar más la votación de la consulta popular propuesta para que la ciudadanía decida sobre los derechos laborales. Esta solicitud surge ante el anuncio de que la plenaria del Senado dará trámite a una apelación que busca revivir la reforma laboral previamente archivada por la Comisión Séptima. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que hay riesgo de que la reforma expire si se continúa dilatando el proceso y reiteró que la consulta es la vía más segura para garantizar la participación ciudadana en este tema.

Durante una sesión de más de cuatro horas, los ministros del Interior y del Trabajo defendieron la propuesta de consulta como un mecanismo legítimo contemplado en la Ley 134 del 1994. Señalaron que esta herramienta democrática es válida cuando existe un conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. El ministro Armando Benedetti enfatizó que la consulta no es solo un trámite, sino una forma de escuchar la voz del pueblo sobre sus derechos laborales, destacando el impacto social y familiar del trabajo. (Lea: La propuesta de convocar a una consulta popular es viable, pero irresponsable)

Por su lado, el ministro Antonio Sanguino aclaró que la iniciativa de consulta no responde a un capricho presidencial, sino a la negativa del Congreso de avanzar en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Afirmó que con esta propuesta se busca proteger el aparato productivo y promover un crecimiento económico con justicia. Además, respondió a las críticas sobre los costos del proceso consultivo, señalando que invertir en democracia siempre es valioso frente a sistemas autoritarios que resultan más baratos.

El Gobierno hizo un llamado a que los parlamentarios respalden la propuesta para que, una vez aprobada por el Senado, el presidente Gustavo Petro convoque a las urnas en un plazo máximo de tres meses. La consulta permitiría que la población se pronuncie sobre medidas que buscan fortalecer la protección laboral en Colombia. Finalmente, se confirmó que los recursos para la realización de la consulta están asegurados, garantizando así su viabilidad en 2025.

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