El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plaza, anunció recientemente la eliminación del subsidio al precio del galón de diésel para aproximadamente 360.000 camionetas de lujo en Colombia. Esta medida tiene como objetivo reducir los beneficios que no contribuyen al desarrollo económico del país pues, según el funcionario, estos vehículos no representan una parte significativa de la actividad económica. Ávila Plaza destacó que el aumento del precio del diésel no afectará a los transportadores de carga, quienes sí están comprometidos con el producto interno bruto del país.

El funcionario explicó que el subsidio de diésel se ha destinado principalmente a 1,35 millones de vehículos, de los cuales el 25 % corresponde a camionetas de lujo que no aportan al crecimiento económico. De esta manera, se procederá a aumentar el precio del combustible para estos vehículos, elevándolo a los valores de mercado. Esta medida busca equilibrar la situación fiscal y evitar que sectores no prioritarios continúen recibiendo beneficios que distorsionan el mercado. (Lea: Fenalco advierte sobre consecuencias del aumento del diésel)

Por otro lado, Ávila Plaza aclaró que los acuerdos firmados con el sector transportador de carga no se verán alterados. Estos acuerdos, establecidos desde septiembre del año pasado con el Ministerio de Transporte, han sido clave para garantizar que los transportadores mantengan un precio estable para el diésel, protegiendo así la cadena logística del país. La decisión del Gobierno busca asegurar que el aumento del precio no impacte a este sector esencial para la economía.

También subrayó la necesidad de cerrar la brecha en el precio del diésel, una deuda heredada de la administración anterior, que ha generado un déficit fiscal considerable. Mientras que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en la gasolina ya ha sido cubierto, el déficit en el diésel aún asciende a cerca de $ 8 billones y se espera que esta brecha se cierre hacia finales del próximo año. Este ajuste es fundamental para garantizar la estabilidad fiscal del país.

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