Fotomultas y vidas en la vía

Cristina Annear
Abogada de la Universidad de los Andes y magíster en justicia y tutela de los derechos con énfasis en derecho procesal de la Universidad Externado de Colombia

Investigadora principal en el área de litigio de Dejusticia

La alta velocidad en las vías es un problema de salud pública que ha cobrado miles de vidas y continúa generando un impacto significativo en la seguridad vial. Reducir la velocidad en las vías reduce la siniestralidad vial de forma exponencial, por lo que las acciones que buscan reducir velocidades bastante altas se encaminan en el objetivo de salvar vidas. Las cámaras salvavidas, comúnmente conocidas como fotomultas, son la estrategia estrella en el país para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir siniestros viales. Las fotomultas han sido un tema de debate recurrente en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, donde su implementación ha mostrado tanto beneficios como desafíos. Estos sistemas de detección automática de infracciones buscan reducir la siniestralidad vial, pero también han generado controversia, particularmente en torno a su aplicación y percepción pública.

Frente a este problema debe hacerse un mejor trabajo de información pública sobre la necesidad de reducir la velocidad en las vías. Actualmente, este vacío permite que existan más detractores de medidas como las cámaras salvavidas, que más allá de servir como un instrumento para generar multas de tránsito, tienen el objetivo de que las personas reduzcan su velocidad y protejan su vida y la de los demás. Gran parte de esta discusión ha sido analizada en la publicación Desafíos en la aplicación de fotomultas: equilibrando responsabilidad objetiva y sanción individual, pronta a publicarse.

Uno de los mayores obstáculos que encontramos en la implementación efectiva de las fotomultas es la percepción pública. La reciente iniciativa de una concejal de Bogotá que argumenta que las fotomultas son un negocio más que una herramienta de seguridad vial refleja la necesidad urgente de pedagogía sobre su importancia. Justamente, la iniciativa de la concejal busca prácticas que la Secretaría de Movilidad de la ciudad ya emplea, como los controles tecnológicos de las cámaras, o las alertas visuales para que los conductores sepan en dónde se encuentran los dispositivos.

La regulación en Colombia sobre cámaras de fotodetección ya había tenido varios ires y venires que han generado confusión sobre su legitimidad jurídica. Tras una Sentencia en 2020, en que se dejaba parcialmente sin dientes a este mecanismo, la Sentencia C-321 de 2022 fortaleció el marco normativo y estableció que los propietarios de los vehículos asumen responsabilidad directa de sus carros, incluso cuando no son ellos quienes van tras el volante a altas velocidades. Sin embargo, este avance normativo no ha sido suficiente para paliar el malestar y la desinformación que el tema de las fotomultas lleva generando por años. Uno de los objetivos de nuestra publicación busca aclarar este lío jurídico y establecer los estándares que aplican a fin de que tomadores de decisión puedan implementar más fácilmente el sistema de fotomultas.

El objetivo principal de estos sistemas es reducir la velocidad en la vía y, con ello, salvar vidas. De hecho, la motivación de que las cámaras se vean es que los conductores en sus tramos reduzcan la velocidad y con ello que la gravedad de un siniestro en la vía disminuya. No obstante, la falta de información y educación sobre la función de las fotomultas fomenta una narrativa que minimiza su impacto positivo y refuerza la resistencia a su implementación.

La educación vial y la sensibilización pública son clave para mejorar la percepción y efectividad de las fotomultas. Campañas informativas que expliquen su propósito y beneficios pueden contribuir a generar mayor aceptación ciudadana. Además, un sistema transparente y accesible de notificación de infracciones permitirá a los ciudadanos entender las sanciones y ejercer su derecho a la defensa, promoviendo una cultura de respeto por las normas de tránsito.

Por otro lado, la evaluación continua del impacto de las fotomultas en la seguridad vial es esencial. A través de revisiones periódicas y ajustes basados en evidencia empírica, se puede asegurar que las políticas de tránsito sean no solo efectivas, sino también percibidas como justas y necesarias. Esto es especialmente relevante en el contexto colombiano, donde la implementación de normativas enfrenta constantes desafíos administrativos y de confianza pública.

Mejorar la efectividad de las fotomultas en Colombia requiere un enfoque integral que combine herramientas tecnológicas con estrategias educativas y de transparencia. Solo así se podrá garantizar que estas medidas no solo reduzcan los accidentes de tránsito, sino que también promuevan una cultura de respeto y responsabilidad en las vías, elementos esenciales para el desarrollo de una política de tránsito exitosa y sostenible a largo plazo. Para conocer más sobre nuestros hallazgos y apoyar la importancia de estos mecanismos que buscan la reducción de altas velocidades en las vías, les recomendamos la lectura de esta reciente investigación.