Universidad Nacional gana la primera fase de la Competencia Víctor Carlos García Moreno

Los continuos triunfos obtenidos por la Universidad Nacional de Colombia en concursos interuniversitarios de Derecho no dejan duda sobre las fortalezas competitivas de sus estudiantes. Sobre todo, cuando el concurso tiene que ver con temas de derechos humanos.

En esa materia, los méritos de la universidad son amplios. Su Facultad de Derecho ha ganado cuatro veces el certamen universitario que organizan la Defensoría del Pueblo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y triunfó, dos veces, en la competencia interamericana tipo moot court, que organiza la American University (EE UU).

Ahora, la facultad se trazó un nuevo objetivo: destacarse en el primer concurso centrado en el escenario de la responsabilidad penal individual que involucra el procedimiento ante la Corte Penal Internacional (CPI): la Competencia Víctor Carlos García Moreno.

Y comenzó con el pie derecho. A finales de febrero, el equipo de la Nacional, integrado por Rafael Báez, Yenifer Suárez, María Angélica Bejarano, Camilo Delgado y Carlos Andrés Cáceres, ganó la primera fase de la competencia, organizada por Legis, superando a las universidades de Los Andes, Autónoma de Colombia, Libre, Sergio Arboleda, del Rosario y Santo Tomás.

Los ganadores le atribuyen su victoria a varios factores, pero, principalmente, a que su participación fue propositiva y crítica, coherente con el enfoque de su formación universitaria.

Eulises Torres y Alejandro Gómez, los docentes que acompañaron la preparación de los estudiantes, ratifican esa idea. En su concepto, la clave para destacarse entre los demás equipos fue una combinación del planteamiento político crítico y el rigor académico que caracterizan a la Universidad Nacional.

El desafío hasta ahora comienza. El grupo viajó a Ciudad de México para representar a Colombia en la fase internacional de la competencia, en compañía de los equipos de las universidades del Rosario y Sergio Arboleda, que obtuvieron el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Allá se enfrentarán a los estudiantes de España, Venezuela, Argentina, México y República Dominicana que obtuvieron los primeros lugares en sus respectivas rondas nacionales. Todos lucharán por el gran atractivo de la décima versión de esta competencia: la posibilidad de llegar a la fase final, que, por primera vez, se realizará en La Haya, sede de la CPI. 

Proceso de selección

El prestigio académico que implica la participación de las facultades de Derecho en los concursos universitarios es una razón de peso para no dejar ningún aspecto al azar. Por eso, la integración de los grupos que representan a la Universidad Nacional se lleva a cabo a través de un estricto proceso de selección, que comienza con una convocatoria pública a la cual pueden postularse quienes cumplan unos requisitos mínimos.

Para esta competencia, se hicieron unas exigencias básicas de aprobación de asignaturas relacionadas con el desarrollo del concurso. Quienes reunieron las condiciones presentaron sus memoriales ante un grupo de profesores, que calificaron sus fortalezas en el ámbito académico y en oralidad.

Los resultados dan cuenta de las ventajas del esquema. Los elegidos no son solo los mejores. Además, todos han tenido contacto con los temas del concurso, lo cual garantiza su compromiso con el ritmo de trabajo requerido para destacarse en estas competiciones.

Camilo le atribuye su interés a un trabajo sobre cooperación que realizó en el marco de su clase de derecho penal internacional y a su gusto por la dogmática. María Angélica, a la posibilidad de profundizar los conocimientos que adquirió cuando hizo su práctica en la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema. Y Rafael encontró en la competencia una oportunidad para aplicar lo que ha aprendido en las especializaciones de derecho constitucional y penal que cursa actualmente.   

Esos intereses compartidos han facilitado el trabajo, que les exige revisar exhaustivamente los memoriales y ensayar sus intervenciones en los juicios simulados. Todas las tardes, el grupo se reúne en su facultad de Derecho, para perfeccionar la presentación que, aspiran, les dará el pase para viajar a la meca del sistema jurídico internacional.

Puntos extra

El caso hipotético de este año, que fue redactado por Héctor Olásolo, catedrático de Derecho Penal y Procesal Internacional, y su equipo de la Clínica Jurídica sobre Conflicto Armado, Derechos Humanos y Justicia Internacional de la Universidad de Utrecht (Holanda), plantea la situación de un Estado parte del Estatuto de Roma que se enfrenta a unos desórdenes internos desatados por los partidos políticos de la oposición.

En ese escenario, la sociedad civil organiza marchas que terminan en disturbios y se presentan escuchas ilícitas, torturas y asesinatos que se le atribuyen al Gobierno.

El grupo coincide en que el caso fue ideal para explorar los recursos de la dogmática penal y desarrollar argumentos que, pese a ser innovadores, respetaron el procedimiento ante la CPI.

Camilo, por ejemplo, destaca que les permitió jugar con elementos de derecho comparado, de teoría del Derecho y con antecedentes jurisprudenciales, como la sentencia que condenó a Alberto Fujimori por crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Y les dio espacio para formular propuestas atrevidas, como la adopción de los estándares de reparación del sistema interamericano por parte de la CPI, que fue, para Rafael, una de las tesis que les dio puntos extra en la presentación del memorial de víctimas.

Yenifer coincide con él. En su opinión, esas iniciativas fueron muy bien recibidas por los jueces de la competencia nacional, porque, además de enriquecer el caso hipotético, son lo suficientemente sólidas como para aplicarse en la realidad.

El equipo de la Nacional fue elegido como el mejor por un jurado integrado por doctrinantes, voceros de la CPI y representantes del sector judicial, como Augusto Ibáñez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Con ese respaldo, están convencidos de sus capacidades para desempeñar un papel importante en México. La principal motivación está conectada con su interés en las bondades de la jurisdicción de la CPI, que permite pensar en que los poderosos, cuyos actos suelen quedar en la impunidad, respondan por los crímenes que cometen.

La posición institucional de la Facultad de Derecho es coherente con ese modelo democrático de justicia. Por eso, el grupo está listo para asumir su tarea. Reivindicar el papel de la universidad pública como motor del debate político será la mejor manera de cerrar, con broche de oro, su participación en esta competencia.