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Especiales / Academia


¿Por qué estudiar un doctorado en Derecho?

04 de Noviembre de 2020

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Jorge Oviedo Albán

Director del Doctorado en Derecho

Universidad de La Sabana

 

Un doctorado es un posgrado que conduce a la más alta titulación que pueden ofrecer las universidades. Se trata de un programa que, a diferencia de las especializaciones y maestrías que están enfocadas a fortalecer las competencias profesionales en las respectivas áreas del saber, busca la formación de investigadores con el objetivo de hacer aportes a la ciencia.

 

El resultado principal del doctorando es el trabajo de investigación que se materializa en una tesis doctoral, que lo habilita para actuar como investigador autónomo e ingresar a la comunidad académica científica del área de formación. De este modo, y a partir de su conocimiento y del rigor científico en el que se ha entrenado, el graduado de un programa de doctorado podrá hacer juicios argumentados sobre problemáticas complejas y será capaz de comunicar sus ideas y conclusiones con claridad y de manera efectiva a grupos de científicos, académicos y profesionales.

 

Cabe resaltar que la creación y el ofrecimiento de programas de doctorado por parte de las universidades corresponde con los objetivos y las políticas públicas que se han proyectado desde el Gobierno Nacional, de tal manera que esta es una forma en la que se puede apoyar la consecución de dichos objetivos que redundan en el crecimiento económico y el desarrollo científico del país.

 

En el Documento Conpes 3582, “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, se señala: “La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ctel) han sido identificadas por la sociedad colombiana como fuente de desarrollo y crecimiento económico. Utilizar esta vía de desarrollo requiere de una política de Estado con estrategias que incrementen la capacidad del país para generar y usar conocimiento científico y tecnológico”. Y para alcanzar este objetivo se han diseñado varias estrategias, pues se requiere de un “…recurso humano capaz de generar y usar el conocimiento para la generación de riqueza”.

 

Es por ello que una de las estrategias consiste en fortalecer el recurso humano para la investigación y la innovación. En esta se destaca la ruptura de los bajos niveles de formación avanzada en el país a través del proyecto de inversión “Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación” propuesto por Colciencias, que permitirá aumentar el número de doctores del país. Esto se acompañará con un conjunto de acciones orientadas a utilizar el sistema educativo para el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y de innovación”[1].

 

Estadísticas

 

En el periodo comprendido entre el 2001 y el 2018, según datos del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, se titularon 4.941 personas en programas de doctorado ofrecidos por universidades colombianas, de los cuales 202 corresponden a doctorados en Derecho, es decir, un porcentaje del 4,0 % del total de graduados:

 

Programa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Doctorado en Ciencias Jurídicas

 

 

 

 

 

1

1

2

2

2

1

 

9

Doctorado en Derecho

1

4

9

6

3

10

9

10

11

20

29

35

147

Doctorado en Derecho Procesal contemporáneo

 

 

 

 

 

1

1

 

 

3

4

3

12

Doctorado en sociología jurídica en instituciones políticas

2

4

3

5

2

11

3

4

 

 

 

 

34

 
 

Estos datos muestran claramente que el número de doctores en Derecho es bastante bajo frente a los porcentajes totales, de manera tal que el país está lejos de alcanzar, en lo que a esta área de conocimiento se refiere, las metas propuestas, lo cual debiera ser objeto de reflexión por parte de las diferentes universidades, con el fin de establecer entre sus objetivos formar a sus profesores investigadores en programas de doctorado que les permita adquirir las competencias necesarias para realizar investigaciones rigurosas.

 

Ahora, la pregunta que cabe hacerse, como se sugiere con el título de este artículo, es: ¿por qué estudiar un doctorado en Derecho?

 

En el país, la enseñanza del Derecho ha estado enfocada tradicionalmente a la habilitación para el ejercicio de la profesión de abogado. Hasta hace algunos años, las facultades de Derecho ni siquiera contaban con un grupo de profesores de tiempo completo que tuviera la investigación como eje central de su actividad, de manera que los profesores eran (y siguen siendo en la mayoría de los casos), profesionales que ejercen como litigantes, magistrados o consultores y “sacan tiempo” para dictar clases. Excepcionalmente, algunos, con todo el mérito que eso tiene, son autores de publicaciones enfocadas principalmente a la exposición sistemática de los contenidos propios de su asignatura. De hecho, puede afirmarse que casi la totalidad de la bibliografía jurídica del país elaborada durante el siglo XX corresponde a libros de textos universitarios preparados con ese objetivo.

 

Ahora, en la medida en que el ejercicio de la actividad docente e investigativa se ha ido profesionalizando en las últimas dos décadas, las universidades han visto la necesidad de contar con profesores e investigadores de tiempo completo que cuenten con título de maestría y doctorado, para, de esa manera, organizar y consolidar la actividad de los grupos de investigación y, así mismo, la producción científica de sus integrantes, como también fortalecer la docencia en los programas de pregrado y posgrado.

 

De todas maneras, también debe tenerse en cuenta que la formación doctoral no solamente habilita el ejercicio de la labor investigativa y docente en las universidades. Un programa de doctorado en Derecho permite desarrollar competencias, que, de manera general, pueden resumirse así: (i) competencia de investigación, según la cual el doctor puede generar de forma autónoma investigaciones jurídicas de alto impacto; (ii) competencia de conocimiento especializado, con la cual puede gestionar el análisis crítico del estado del arte, reconociendo bases filosóficas y tendencias actuales de la disciplina en Derecho nacional y comparado a nivel legal, doctrinal y jurisprudencial; (iii) competencias de comunicación y divulgación, que lo habilitan para comunicar en entornos académicos y científicos, así como presentar y divulgar los resultados de sus investigaciones en publicaciones de alto impacto nacionales e internacionales y (iv) competencias de pensamiento crítico, analítico y propositivo, que le permiten analizar la información para recombinarla en nuevas ideas enfocado en la toma de decisiones y propuestas de solución a problemas jurídicos locales, nacionales e internacionales.

 

Escenarios que se abren

 

Así, entones, el egresado de un doctorado en Derecho puede desempeñarse en los siguientes escenarios: docencia e investigación universitaria, desarrollo de investigación en entidades y empresas del sector público y privado, en equipos orientados a la investigación y la innovación; investigador en entidades encargadas del diseño e implementación de políticas públicas de investigación e innovación; en la gestión del conocimiento en entidades privadas, tales como firmas de abogados, y también como investigadores en entidades gubernamentales, en el Poder Legislativo o en la administración de justicia, lo cual puede redundar en la producción de legislación y jurisprudencia fundamentada en un riguroso proceso de investigación.

 

De hecho, varias firmas de abogados nacionales, siguiendo las prácticas ya consolidadas en el extranjero, desde hace algunos años, vienen conformando departamentos de gestión del conocimiento, seguramente al tomar conciencia sobre la necesidad de contar con estrategias que les permitan ser más eficientes y competitivas en la utilización del conocimiento jurídico. Cabe recordar la existencia de actividades y estrategias que permiten mejorar la gestión del conocimiento, lo cual es válido para cualquier ámbito en el que se pueda desempeñar un doctor en Derecho, como lo son, según la acertada explicación de Jordi Luch Martínez, que de alguna manera corresponde con las competencias descritas en este artículo:

 

“- Identificar necesidades de conocimiento (quién necesita saber qué en nuestra organización).

 

- Identificar las fuentes de ese conocimiento (jurisprudencia, doctrina, experiencias), ya sean externas o propias de la organización.

 

-  Introducir y sistematizar el conocimiento necesario (adaptar su formato a las necesidades de nuestra organización).

 

-  Distribuir el conocimiento de forma óptima (difundirlo a través de canales eficientes y a los profesionales adecuados)”[2].

 

 
Así, entonces, estudiar un doctorado en Derecho seguramente no le permitirá a un abogado perfeccionar sus conocimientos técnicos en una determinada área del Derecho, pero sí podrá desarrollar las competencias propias para desempeñarse de una manera óptima, ya sea en la actividad docente e investigativa en las universidades como también en otros ámbitos profesionales.
 

[2] Lluch Martínez, Jordi, La gestión del conocimiento en despachos de abogados, en Legal Today, http://www.legaltoday.com.

 

[1] Doc. Conpes, 3583, “Política nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”, Bogotá, 2009, págs. 1 y 2.

 

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