Los ODS y los abogados desde las facultades y programas de Derecho

Claudia Helena Serje Jiménez

Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas

Vicepresidente Plan de Desarrollo Mundial

Hoy, la preparación de los profesionales del Derecho debe replantearse en atención a las urgencias sociales, a las nuevas necesidades del contexto geopolítico-social, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que consonantemente con la transición de las formas de Estado advierten otro enfoque y perfilamiento; por tanto, no es lo mismo ser un abogado en un Estado de derecho a serlo en un Estado social de derecho constitucional, como tampoco puede serlo en un territorio de conflictividad permanente y con altísimos niveles de corrupción a serlo en un territorio de pacificidad, y con bajos niveles de tolerancia a dicho flagelo.

Lo anterior reviste una actualización y contextualización de la enseñanza del Derecho a los condicionamientos políticos, sociales, económicos, axiológicos y tecnológicos de un país, lo que hace indispensable el poder generar una articulación e integración de saberes jurídicos, y no jurídicos, como la inclusión de los ODS en los planes de estudio para garantizar una educación equitativa e inclusiva para los futuros abogados. Debe empezarse por realizar una reforma curricular a través de la actualización y renovación desde lo microcurricular, donde además de las áreas básicas y específicas como columna vertebral del árbol jurídico, se visibilicen disciplinas, cátedras y proyectos especiales que nutran transversal e interdisciplinariamente  una vertiente humanista compuesta por la sociología, axiología y otras complementarias que refuercen  los procesos de argumentación, fundamentación, investigación, generación de contenidos, resolución de casos, entre otros.

Hacer esfuerzos en dignificar, humanizar, constitucionalizar y globalizar la enseñanza del Derecho, toda vez que nos encontramos en un Estado declarado como social de derecho; por tanto, debe quedar superada la enseñanza basada en  el positivismo normativo propio de la bandera del Estado de derecho en el que la ley se erige como el  núcleo en el que se basan  los sistemas de enseñanza, y los procesos y sistemas  evaluativos cuando estos se concentren  en la recordación y parafraseo de las distintas normas jurídicas.

Docentes

Igualmente, es importante que cada vez más los profesionales del Derecho dedicados al ejercicio docente, sean más idóneos y diestros en el estudio de la pedagogía, en la salvaguarda de la calidad educativa, para poder erradicar los discursos pedagógicos meramente expositivos, monológicos que develan el protagonismo unilateral docente, que, en algunos casos, recaen en el despotismo. Claudicar estas prácticas es esencial, debido  a que la figura del docente y su estilo pedagógico son aspectos  determinantes que inciden en las experiencias educativas exitosas de los estudiantes. Por ello, hoy ser docente está más asociado a ser mentor, coach, tutor, orientador y, sin duda, un coequipero en el proceso de aprendizaje, diseñando estrategias innovadoras que ayuden a fortalecer la motivación y la creatividad, haciéndole contrapeso a la fatiga emocional y económica que lleva a la deserción estudiantil en todos los niveles educativos.  Lo anterior marca un cambio necesario de mirada hacia la pedagogía activa, humanista y afectiva del Derecho, a través de una praxis docente didáctica, sinérgica, constructivista, propositiva, inclusiva y acorde con los cambios de paradigma en la  educación, que también deben ser armoniosos con las exigencias del medio cultural, social y tecnológico de este momento histórico.

Otro aspecto importante por resaltar es la evidencia desde lo macro, meso microcurricular de un componente axiológico altamente integrado, que va más allá de incluir una asignatura de ética profesional que no resulta suficiente para inspirar y recrear el sistema jurídico, con las necesidades actuales sociales, que permita equilibrar la balanza de antivalores que hoy rodean nuestro entorno. La propuesta contempla entonces incluir la axiología pura o propiamente dicha, y la  axiología jurídica, ampliando las asignaturas o proyectos de aula  alusivos a la teoría de los valores sociojurídicos, como paz, justicia, liderazgo positivo, derechos humanos, ciudadanía, democracia, emprendimiento e innovación, entre otros, lo que, sin duda, ayudaría a solidificar nuestras instituciones, como esencia de los ODS.

Estudiar hoy Derecho en un mundo globalizado exige alcanzar competentes niveles de estudio en tendencias culturales como el multiculturalismo, en nuevas tecnologías, manejo de segunda y tercera lengua, pero, sobre todo, esto se debe contextualizar y profundizar curricularmente no solo desde lo global, sino desde lo regional y local con las asignaturas y proyectos que impulsen y potencialicen las habilidades en los futuros abogados de determinado territorio, para que exista una verdadera capacidad de satisfacer las necesidades que se demandan.

La crisis que enfrenta hoy la profesión jurídica, la desventaja frente a otras profesiones, incluso frente a programas técnicos y tecnológicos, hace indispensable que el énfasis en los planes de estudios y en los perfiles profesionales muestren la audacia de las facultades y programas de Derecho en entregar a la sociedad como resultado de sus esfuerzos educativos a mejores seres humanos a través del estudio integrado de la ciencia del Derecho, y no simplemente a abogados.

Responsabilidades

El abogado como profesional tiene grandes responsabilidades en la reconstrucción social a través de su intervención en la solución heterocompositiva como autocompositiva de los conflictos, en la elaboración de discursos y en la estructuración de una cultura jurídica interna y externa apropiada y coherente con los avances, tendencias y nuevas teorías imperantes, sin realizar importaciones incompatibles y forzadas a nuestra realidad social. Por ello, es importante ampliar las competencias, el perfil de egreso y escenarios de acción de los abogados para que como auxiliadores (advocatus) puedan ir más allá del litigio, de la Rama Judicial, de asesorías y consultorías públicas y privadas, abogados que sean arquitectos de la humanidad y científicos sociales a través de su sapiencia jurídica.

Para cumplir interactivamente con la agenda 2030 desde la educación jurídica, urgen generaciones de abogados con más empatía cognitiva y emocional capaces de generar desde su saber hacer, emprendimientos, proyectos sociojurídicos, políticas públicas y sociales que fomenten e intervengan el ecosistema laboral reduccionista de pobreza, de hambre, que impulsen el trabajo decente y próspero, abogados que entrañen sus luchas en sus discursos académicos, judiciales, políticos y sociales hacia la construcción de paz y justicia, comprendiendo sus diferentes modelos y alcances.

Abogados con conciencia integrados al medioambiente en el que vive, no solo con el conocimiento de normas en esta materia, sino con acciones de respeto a la biodiversidad ecológica, pero también a la social, que sean soporte de nuestras instituciones jurídicas y sociales con sus buenas prácticas profesionales y humanas, con ética y responsabilidad social que permitan solidificarlas y legitimarlas a través de su ejercicio. Abogados con preparación básica en cooperación internacional, inspirados en el valor de la unión y la solidaridad que nos permita conseguir esas metas que solos se convierten en inviables. Reinventarse no es perder la esencia, es parte de la necesidad de mejorar para seguir existiendo en un mundo que cambia a pasos agigantados.