La defensa de la justicia virtual en Colombia

Porfirio Andrés Bayuelo Schoonewolff
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar
Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) tiene dentro de sus funciones la misión de evidenciar la evolución de los avances educativos que se realizan en el sistema jurídico colombiano.

 

En ese sentido, la asociación atiende la Sentencia C-134 del 3 de mayo del 2023, en la cual la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 63 del Proyecto de Ley 295/2020 Cámara, acumulado con los proyectos 430/2020 y 468/2020 Cámara y 475/2021 Senado, que reforman la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 270/07). El fallo prevé que ciertas actuaciones judiciales en derecho penal deben surtirse de manera presencial, dejando sujeta la virtualidad a la autonomía del juez como director del proceso, con la potestad de programar las diligencias en la modalidad en que considere pertinente.

 

Lo anterior ha generado controversia, desde algunos sectores de la comunidad académica, quienes defienden la virtualidad de estos procesos, debido a que se ha evidenciado que el Estado colombiano ha logrado un importante avance y la modernización en la transformación digital en los últimos años. Con esto, ha fortalecido los pilares de la administración de justicia con la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), razón por la cual los ciudadanos tienen un acceso más eficiente a la administración de justicia.

 

Por consiguiente, Acofade, que reúne a 95 facultades de Derecho del país, considera necesario resaltar las estadísticas emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a los avances en la modernización tecnológica y la transformación digital que permiten evidenciar la evolución de las audiencias virtuales, pero que contrastan de manera importante la decisión de la Corte Constitucional, como el escenario principal de esta discusión.

 

Los datos estadísticos

 

Con respecto al informe sobre los avances y resultados del año 2021, emitido mediante audiencia pública por el Consejo Superior de la Judicatura, con relación al servicio de audiencias virtuales, durante el 2021, la entidad registra que se realizaron 538.357 audiencias virtuales, cifra muy superior a las 235.752 audiencias realizadas durante el año 2020. Lo anterior representa un incremento del 128 %.

 

Ahora, frente a la adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias, durante el 2021, se dotó físicamente un total de 629 salas de audiencia, de las 2.134, alcanzando un avance del 29,47 %. Para el servicio de gestión de grabaciones, en el 2021, se publicó un total de 1.903.544, de las cuales se renombraron y procesaron 572.132 archivos audiovisuales de las audiencias realizadas a través de la plataforma colaborativa de justicia. Es decir que el avance en virtualidad es muy significativo en Colombia en los últimos tres años.
 

De otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá-Cundinamarca-Amazonas presentaron el informe de la realización de diligencias virtuales mediante audiencia pública en el año 2022, en el cual informaron que se llevaron a cabo 204.078 audiencias, mientras que, en el 2021, se desarrollaron 182.465 audiencias virtuales, lo cual evidencia un aumento del 12 %, con respecto al año anterior.

 

Hay que anotar que el 70 % de las audiencias virtuales que se realizaron bajo el territorio adscrito a esa Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial correspondieron a Bogotá, en la cual se desarrollaron más de 142.000 audiencias en esta modalidad.

 

Cumplimiento de garantías judiciales

 

Las anteriores cifras muestran el impresionante aumento en el cumplimiento de las garantías judiciales, en la reducción de costos, en tiempos de desplazamiento para los involucrados en el proceso y una mayor accesibilidad para todos los ciudadanos a la administración de justicia.

 

Por lo anterior, es de gran importancia resaltar la evolución e inversión tecnológica de la Rama Judicial. Un ejemplo claro del buen funcionamiento son los aplicativos para la recepción de tutelas, habeas corpus, acciones constitucionales de gran inmediatez para los ciudadanos y la capacidad de respuesta de los funcionarios en la programación de audiencias virtuales e implementación de módulos de atención virtual a los usuarios, con el uso de cuentas institucionales de correo electrónico.

 

De otra parte, creemos necesario implementar este tipo de estrategias para fortalecer la capacidad de conectividad y articulación de la justicia colombiana. Es un deber estatal llegar a todas las regiones del país, brindando un valor público a la pluralidad y diversidad de Colombia.

 

Esto, teniendo en cuenta los altos índices de inseguridad que tienen muchas regiones del país; los problemas de movilidad, debido a la congestión vehicular y el mal estado de las vías; el deplorable estado de muchos despachos judiciales; la mala conectividad en gran parte de las instalaciones judiciales; la escasa dotación de los despachos y el alto costo que implica el desplazamiento a los despachos de justicia en muchas regiones del país.

 

Tecnología para quedarse

 

El empleo de los medios tecnológicos en las actuaciones judiciales ha llegado a la justicia colombiana para quedarse e implementarse, ya que es la garantía funcional de las nuevas generaciones para tener la capacidad de interactuar. El Consejo Superior de la Judicatura comenzó la implementación del Plan Estratégico de Transformación Digital, que contiene el conjunto de acciones encaminadas al fortalecimiento de los canales de acceso a la justica y las capacidades institucionales para gestionar y articular la oferta de servicios y medidas para el fortalecimiento de la atención al usuario.

 

Sin duda, esto ayuda a consolidar la democracia y la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones que fijan el rumbo de la prosperidad y la modernización del sistema judicial colombiano, a través del seguimiento y el compromiso de divulgación de las instituciones públicas al servicio de los colombianos.

 

Finalmente, Acofade hace un llamado a los encargados de la administración de la justicia en Colombia para que esta siga garantizando, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, los derechos fundamentales de fácil acceso a la justicia, la economía procesal y el debido proceso, permitiendo continuar con la evolución que ha tenido la justicia en los últimos tres años, y que ha beneficiado y facilitado considerablemente el trabajo de los jueces y magistrados, los auxiliares judiciales, los abogados litigantes y las personas del común que desean acceder prontamente a una administración de justicia digna.