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El lado jurídico del medio ambiente

28 de Marzo de 2012

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Foto: Thinkstock

 

La certeza de que no es posible discutir sobre los grandes temas de la política ambiental sin tener claro el marco jurídico que la regula motivó a un grupo de abogados a crear una institución que permitiera analizar los problemas ambientales desde la perspectiva legal.

 

El resultado fue el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental, que hoy lidera el estudio, investigación y divulgación de esta disciplina jurídica.

 

Hace 15 años, nació este centro académico, bajo el liderazgo de tres especialistas con una vasta experiencia en el ejercicio del Derecho Ambiental en los sectores público y privado: Juan Manuel Garrido, José Vicente Zapata y Luis Fernando Macías.

 

Juntos han impulsado varias investigaciones sobre la regulación del cambio climático, de la biodiversidad y de los recursos energéticos, que han permitido posicionar al instituto como una fuente de consulta de la Corte Constitucional y del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos. Además, han realizado cursos y capacitaciones sobre Derecho Ambiental.

 

 

Contra los prejuicios

Pero la buena gestión no implica que el camino haya sido fácil. Macías reconoce que la labor del instituto se ha frenado, principalmente, porque ha tenido que enfrentarse a los prejuicios que existen contra los temas ambientales.

 

“El Derecho Ambiental es un derecho de confrontación, como el Derecho Laboral”, explica Macías. El símil tiene que ver con las condiciones de quienes se enfrentan en las controversias ambientales y en las laborales. En el proceso laboral, hay quienes representan al empleador y otros que representan al trabajador. En el ambiental, unos abogados asesoran empresas y otros son activistas.

 

Derrumbar el mito de que el instituto está de uno u otro lado ha sido una de las mayores dificultades con las que ha tenido que lidiar. “Algunos nos ven como abogados corporativos, por nuestro ejercicio profesional. Otros creen que somos una ONG ambiental. Pero ambas percepciones son equivocadas. El instituto es una sociedad netamente académica, que quiere convertirse en un centro de reflexión en torno al Derecho Ambiental y a su interrelación con las diferentes ciencias”, sentencia el abogado.

 

Esta es una de las razones que explican por qué ese organismo ha logrado mejores resultados en el exterior que en el ámbito nacional. De hecho, sus relaciones con organizaciones de Derecho Ambiental de Perú, Ecuador y Brasil, que tienen una gran interlocución con las autoridades ambientales de esos países, son uno de sus mayores logros.

 

El instituto ha hecho proyectos conjuntos con el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental y con Planeta Verde, una organización brasilera integrada por abogados, fiscales y jueces especialistas en Derecho Ambiental (ver vínculos intenacionales)

 

“Uno de los asuntos más graves es que el Derecho Ambiental se presta para la demagogia. Por ejemplo, es muy difícil hablar de proteger el medio ambiente de los efectos de la minería si no se tiene certeza del marco jurídico que regula, la entrega de las licencias ambientales. El instituto aspira a que esos temas se discutan con precisión. Esa es nuestra tarea”, explica.

 

 

Derecho en evolución

Macías sabe que el fenómeno de hablar de las leyes sin conocerlas no es exclusivo del Derecho Ambiental. Lo que ocurre, dice, es que la razón instrumental invadió el ejercicio de la profesión. De todas formas, considera que el caso del Derecho Ambiental es particularmente grave, debido a que se trata de un derecho en evolución.

 

Primero, porque es un área jurídica relativamente nueva. Segundo, porque es interdisciplinaria. Por eso, los franceses lo identifican como un Derecho round point, aquel en el que confluye el conocimiento de otras ciencias y técnicas. Y está, además, el hecho de que involucra temas participativos, políticos, económicos y sociales.

 

Eso ha llevado a que las grandes discusiones sobre protección del medio ambiente no tomen en cuenta el punto de vista jurídico, que es trascendental. Macías recuerda que, por ejemplo, el tema de los páramos se discutió sin tener en cuenta el marco legal sobre la materia. Si se hubiera evaluado la noción de ecosistema sensible que protege la regulación ambiental, habrían podido darse muchos más argumentos jurídicos a favor de proteger los páramos.

 

Macías concluye que lo esencial es darle al Derecho Ambiental el lugar que le corresponde: entender que el debate sobre política ambiental es distinto al debate jurídico, pero que este es una parte fundamental del primero. Por eso, el propósito del Instituto Colombiano del Derecho Ambiental es claro. La meta es consolidarse como una instancia académica que contribuya a dar ese paso, gracias al apoyo de los especialistas.

 

 

 Vínculos internacionales 

 

El Instituto Colombiano de Derecho Ambiental ha logrado consolidar alianzas con varios organismos especializados en esa materia en Latinoamérica. Estos son algunos de ellos:

 

Instituto de Derecho por un Planeta Verde

Con sede en Sao Paulo (Brasil), el Instituto de Derecho por un Planeta Verde fue creado hace 13 años, con el fin de mejorar la legislación ambiental, para defender el medio ambiente, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas, en especial los de las zonas ecuatoriales. El instituto promueve una de las conferencias más importantes sobre Derecho Ambiental del continente: el Congreso internacional de Derecho Ambiental, cuya versión número 17 se realizará en agosto.

 

Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental

El Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA) fue creado en 1996 por un grupo de abogados y de otros profesionales interesados en divulgar el conocimiento del Derecho Ambiental en Ecuador.

 

El CEDA y el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental han trabajado juntos en varios proyectos, por ejemplo, en uno de evaluación del impacto ambiental y la capacidad institucional de la región Andina.

 

Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA

El Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoya a los Estados miembros en el diseño y la implementación de políticas, programas y proyectos orientados a integrar las prioridades ambientales con alivio de la pobreza y las metas de desarrollo socioeconómico. El Instituto Colombiano de Derecho Ambiental ha participado en las reuniones de su grupo de expertos para el desarrollo sostenible.

 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Este organismo, fundado en 1986, se ha consolidado como uno de los más influyentes en materia de promoción de políticas y legislación ambiental en Perú y Latinoamérica. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental adelanta investigaciones sobre agua, áreas naturales protegidas, biocombustibles, cambio climático, conservación, hidrocarburos e hidroeléctricas.

 

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